madrid - Después de tres años creciendo por encima del 3%, la economía española ha comenzado a desacelerarse en 2018, año de presupuestos tardíos tramitados por un nuevo Gobierno que está dando un giro a la política fiscal. La economía se ha ido ralentizando a lo largo del año, con avances trimestrales del 0,6% en los tres primeros trimestres del año debido a la peor evolución del sector exterior, en tanto que la demanda interna ha seguido siendo la base del crecimiento y el empleo ha mantenido el dinamismo. La fortaleza del consumo, el repunte de la inversión y la recuperación de la construcción residencial han sostenido el avance de la economía. Sin embargo, después del verano entidades nacionales e internacionales han rebajado su previsión de crecimiento para este año, al 2,6% en el caso del Gobierno, el Banco de España, la Comisión Europea y la OCDE, mientras que el Fondo Monetario Internacional la ha recortado una décima adicional, hasta el 2,5%.

Los analistas coinciden en que el sesgo a la baja de estas previsiones se alimenta fuera por un posible aumento del proteccionismo, el resultado del Brexit y las eventuales consecuencias del desafío de Italia a las reglas fiscales europeas. En el ámbito interno, el riesgo estaría en un hipotético repunte de la crisis soberanista en Catalunya y en la incertidumbre asociada a la elevada fragmentación parlamentaria que impide sacar adelante reformas económicas.

El Gobierno de Mariano Rajoy ya contaba con esta dificultad, que se ha agravado para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que gobierna en minoría y de momento no tiene los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos de 2019, aunque acaba de lograr aprobar una senda de corrección del déficit público más flexible a la vigente en el Congreso, aunque sea pendiente del posible veto de la mayoría del PP en el Senado. El triunfo de su moción de censura llevó a Sánchez a formar Gobierno en junio cuando los presupuestos del PP todavía tenían que pasar el trámite en el Senado. Estas cuentas, hechas con la meta de bajar el déficit al 2,2% del PIB, recogían rebajas en el IRPF y en el IVA aplicable al cine, una subida salarial para los empleados públicos del 1,75%, un incremento general de las pensiones del 1,6% (3% para las mínimas) o el aumento de 4 a 5 semanas del permiso de paternidad.

Tras llegar al poder, el Gobierno socialista consideró que con los Presupuestos heredados no era posible alcanzar el objetivo de déficit comprometido para 2018 y acordó con Bruselas una desviación de cinco décimas al alza, hasta el 2,7% del PIB. Además, propuso una nueva senda fiscal para el trienio 2019-2021 que fue rechazada en julio por el Congreso, dado que los partidos que le apoyaron en la moción de censura no querían votar a favor de unos objetivos que el Senado -con mayoría absoluta del PP- tenía la capacidad de vetar.

En octubre, Gobierno y Podemos llegaron a un acuerdo presupuestario con el espíritu de subir los impuestos a quienes más ganan y comprometer mayor gasto social, con medidas como la revalorización de las pensiones con el IPC, la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, la ampliación progresiva del permiso de paternidad, la eliminación del copago farmacéutico o la subida del salario mínimo a 900 euros. Para elevar la recaudación, acordaron subir el IRPF para rentas a partir de 130.000 euros, el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en Sociedades (18% para bancos y petroleras) y el incremento al 1% del Impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones. La concreción de estas medidas está en el aire, como los Presupuestos, salvo la subida del salario mínimo, que se aprobó en el Consejo de Ministros del viernes en Barcelona. Además, ya están aprobadas y a la espera de iniciar la tramitación parlamentaria las tres leyes que regulan el nuevo impuesto sobre servicios digitales, el de transacciones financieras y las medidas para reforzar la lucha contra el fraude.