“Es inadmisible que la administración contrate a una empresa que paga 700 euros a sus trabajadores”

¿Por qué se implica la patronal de la seguridad privada en impulsar la transparencia en la contratación pública?

-Es capital que exista una contratación pública socialmente responsable. No solo para la seguridad privada, sino porque al final la administración es el ejemplo y el motor de toda la contratación de servicios. La seguridad privada no solo juega un papel como servicio de cara al cliente. La ley la define como complemento a la seguridad pública y tenemos que garantizar principios básicos como la primacía de la calidad en el servicio o el respeto a los derechos de los trabajadores.

¿A qué se refieren cuándo hablan de temas como transparencia y excelencia en la contratación pública?

-Como explicaremos en la jornada del miércoles día 7, intentamos cambiar la normativa sobre contratación pública en Europa y en España, donde hay una nueva ley que entrará en vigor en marzo y que avanza en prácticas que van a favorecer la contratación responsable. Hay una serie de cuestiones básicas como la aplicación del convenio sectorial por todos los adjudicatarios, hacer que la calidad del servicio prime sobre el precio o garantizar que la empresa que no paga a los trabajadores queda expulsada del contrato. En definitiva, defendemos un modelo respetuoso con el rigor en el uso de los recursos públicos, sí, pero combinando otros tres factores: un buen servicio para el ciudadano, el respeto a los trabajadores y lógicamente que haya un beneficio para la empresa. Se trata de que ganen las tres partes.

¿Qué nota les pone a las administraciones españolas? ¿Hay mucho por mejorar?

-No queremos juzgar quién lo hace bien y quién lo hace mal. En términos globales se puede afirmar que la administración ha puesto durante la crisis todo el peso en el precio de la contratación. Eso en un contexto de recuperación económica tiene que cambiar. Hay posibilidades para ello y una exigencia de que cambie radicalmente el modelo. Hay un camino por recorrer, sí. Es evidente que no se puede admitir que haya administraciones que contraten empresas que pagan a sus trabajadores 700 euros. Eso es inadmisible en cualquier sector.

¿Qué medidas se pueden tomar para evitar esos abusos?

-En primer lugar tener en cuenta que el precio por el que se concede el contrato es importante, pero también lo es la calidad. La exigencia técnica en los pliegos debe ser lo suficientemente elevada. Dos, el ahorro en precio no puede ser a costa de los derechos de los trabajadores. Si pagas menos en sueldos también recaudas menos en impuestos y Seguridad Social. Por tanto, lo que te ahorras por un lado lo pierdes por el otro. Tres, la administración debe permitir el papel de ayuda que tienen los agentes sociales. Y cuatro, tiene que ser una contratación innovadora. No se pueden reproducir unos pliegos durante 20 años porque las necesidades del cliente van cambiando.

Y en el plano de la transparencia, ¿qué hay que mejorar para evitar enchufes y amiguismos?

-Tiene que haber máximo rigor al concretar los requisitos de la contratación. Los criterios tienen que ser lo más objetivables posibles.

¿Vuelven a abrir el grifo las administraciones públicas en el Estado español después de los años de crisis?

-Nuestro sector ha sufrido mucho. En la crisis la seguridad privada perdió el 25% de la facturación. Eso es aplicable al conjunto de la contratación pública. En lo cualitativo, pues hay de todo. Algunas administraciones sí se han convencido de nuestro mensaje y otras tienen camino por recorrer. Hay instrumentos legales que entran en vigor ahora que permiten apostar por este modelo.

Los sindicatos denuncian que las licitaciones a la baja son uno de los focos que propician la precariedad laboral.

-Siempre hemos discrepado con algunos puntos de la reforma laboral como la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial. Eso ha permitido que algunas empresas hayan sido adjudicatarias de contratos públicos en detrimento de los salarios. Tras la línea innovadora que han abierto diputaciones vascas como la de Bizkaia o la de Gipuzkoa se han incorporado unos mínimos a la ley de contratos del sector público. Ahora hay que lograr que esa ley se aplique.

Se refiere a las cláusulas sociales que obligan a cumplir unas condiciones laborales mínimas cuando se logra un contrato.

-Son muy necesarias. Siempre hemos apoyado ese proceso y afortunadamente se ha alcanzado un consenso en la ley que será en beneficio de todos.

¿Cómo están las empresas del sector de seguridad tras la crisis económica y el fin del terrorismo de ETA?

-Somos un sector ligado al ciclo económico pero con retardo. La crisis nos afectó un poco más tarde y la recuperación también se ha retrasado algo. Pero poco a poco nos estamos recuperando. Lo que está claro es que nosotros crecemos cuando hay actividad económica. Cuando se abren centros comerciales o se crean nuevas infraestructuras de transporte. Sobre el final del terrorismo, lógicamente nada nos ha alegrado más que la desaparición de ETA.