Gasteiz - La decisión de Daimler de reorganizar su estructura en el Estado con la segregación de sus unidades de negocio, lo que podría tener un impacto negativo para las arcas de la Hacienda alavesa de hasta 200 millones de euros que dejaría de ingresar a partir de 2018 por los ajustes en el pago del IVA de la planta de Mercedes-Benz en Gasteiz, sigue generando preocupación en Araba y, por extensión, en Euskadi. Pese a que la Comisión Mixta del Concierto acordó antes de verano buscar un acuerdo para solventar estas distorsiones y que se ha llegado a crear una comisión con este fin integrada por las partes, lo cierto es que a día de hoy no se ha logrado aún cerrar una solución. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, añadió ayer algo más de incertidumbre al escenario al subrayar que ve complicada una salida a este asunto, en la medida en que la reorganización de Mercedes es una decisión empresarial y, por tanto, la negociación no se puede abordar en términos de “compensación” del Estado a Euskadi.

Tanto Gobierno Vasco como Diputación de Araba salieron ayer al paso para mostrar su confianza en que el trabajo que vienen desarrollando en esa comisión dé pronto sus frutos, después de que De Andrés se mostrara particularmente cauto y pesimista al respecto en una entrevista en Radio Vitoria. La reorganización de Mercedes, subrayó, es la que “ellos han decidido” y es “muy difícil que las cosas se interpreten de otro modo”. “Han tomado esa decisión empresarial, no es posible interpretarlo de otro modo”, añadió. De este modo, aseguró que el Estado no puede compensar esa merma de recaudación: “Eso es el riesgo unilateral del sistema del Concierto Económico, tú tienes que ser atractivo, tienes que tener capacidad de recaudación y tú asumes esa responsabilidad”, resumió. Así, indicó que, si una empresa toma una decisión que “contraviene las decisiones del Territorio”, es una “de las duras” y “hay otras veces que son maduras”. “Que se puedan analizar materias relativas a la tributación de Sociedades en un estudio de la situación, sí, pero no se puede interpretar este tema en términos de compensación, de cubrir lo que el sistema no resuelve porque es parte del riesgo que conlleva el sistema”, concluyó.

la comisión sigue trabajando No obstante, el diputado general alavés, Ramiro González, reiteró ayer su confianza en que el Ministerio de Hacienda “cumpla su promesa” de dar una solución a la merma que sufrirá la Hacienda foral por la reestructuración de Mercedes-Benz. González recordó que el Gobierno foral trasladó el pasado 11 de septiembre a la comisión técnica creada para abordar este problema “una propuesta técnicamente viable” para recuperar ese dinero y quedó a la espera de una respuesta para el día 30 de ese mismo mes, aunque González ha reconocido que “se han incumplido los plazos”. “Pero el acuerdo es lo suficientemente claro” -agregó- “y el compromiso del ministro Montoro es suficientemente diáfano para que consideremos que el Gobierno español tiene intención de cumplir ese acuerdo”. “Aunque estoy preocupado por el incumplimiento de los plazos, a día de hoy confío en la palabra del ministro”, ha remarcado el diputado general, que ha pedido al Gobierno central “que se conteste a esta propuesta y se concrete la solución”.

En la misma línea, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, insistió en que esa comisión de trabajo bilateral de ambos ejecutivos sigue trabajando y la negociación continúa abierta. No hay que olvidar, que ese impacto de 200 millones de euros calculado en las arcas alavesas acabaría recayendo en gran medida, el 70%, en el Presupuesto vasco. “El Gobierno Vasco da prioridad absoluta a esas conversaciones y tiene un interés especialmente intenso en la búsqueda de un acuerdo”, zanjó Erkoreka.

Fuentes del Departamento de Hacienda y Economía señalaron por su parte que la tributación de empresas con estructuras societarias complejas como la de Mercedes “requiere precisamente de la aplicación de los instrumentos que aporta el Concierto Económico”. “Analizando entre las administraciones las modificaciones en las estructuras de estas sociedades, se contestan y resuelven todas las controversias que pudieran surgir en cuanto a los puntos de conexión y su tributación”, explicaron las mismas fuentes. En este momento, ambos gobiernos estudian distintas alternativas y una vez se decanten por “la vía adecuada, se trasladará a la empresa para contar con su aprobación”. - DNA/Efe