GASTEIZ - La Fiscalía de Araba ha pedido penas de 9 y 3 años de cárcel para cuatro acusados de urdir un plan para “descapitalizar” una empresa de construcción de la que eran propietarios tres de ellos con la intención de perjudicar a sus acreedores y obtener un beneficio patrimonial. El escrito de acusación explica que en 2012 la empresa, que contaba con 13 empleados, tenía unas pérdidas de 460.106 euros pero, a pesar de la crisis en el sector, la sociedad presentaba “abundantes signos de viabilidad”.

Además su situación patrimonial -que ascendía a 2,6 millones de euros- garantizaba la posibilidad de mantener su actividad, siempre y cuando se adoptaran alternativas a su disolución, como la presentación de un expediente de suspensión o de reducción de jornada, o un concurso de acreedores para renegociar las deudas. Sin embargo, la Fiscalía afirma que tres de los acusados -dueños de la empresa- urdieron un plan para descapitalizar la sociedad en perjuicio de los acreedores y con el objetivo de obtener ellos un beneficio patrimonial.

Así, se contactaron con el cuarto de los acusados para, “previo concierto criminal entre ellos” y guiados por el ánimo de obtener un beneficio patrimonial inmediato a costa de los derechos de acreedores y Seguridad Social, llevar a cabo una compraventa de la empresa “por un precio simbólico muy inferior a su valor real” que dejaba a la sociedad en “una clara situación de falta de viabilidad económica”.

En concreto los tres socios traspasaron en 2013 al cuarto acusado el 100% de las acciones por un valor de 2,23 euros cada una, cuando el valor nominal ascendía a 67,3 euros. Al día siguiente el nuevo administrador de la empresa vendió todo el material de obra e informático de la empresa y, tras despedir a 9 de los 13 empleados, la sociedad continuó con cuatro trabajadores en nómina pese a carecer de cualquier tipo de actividad.

El Ministerio Publico añade que desde la trasmisión de la sociedad ésta no presentó ningún documento de cotización a la Seguridad Social y defraudó un total de 30.295 euros. El escrito de acusación indica que a consecuencia del estado en que los acusados dejaron la empresa se abrió un procedimiento concursal y se declaró la extinción de la mercantil.

El fiscal considera que los hechos constituyen un delito de insolvencia punible y otro de estafa agravada a la Seguridad Social. Pide 3 años de cárcel para tres de los acusados y una multa de 6.000 euros, y un total de 9 años de prisión para el cuarto, así como una multa de 11.400 euros.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que todos los acusados de manera conjunta y solidaria reintegren a la empresa un total de 368.210 euros y que el procesado que la adquirió indemnice a la Seguridad Social la cantidad defraudada (30.295 euros) más los intereses. El juicio se celebrará la próxima semana en la Audiencia Provincial alavesa. - DNA