Los sindicatos respondieron ayer a la sentencia que anula las 35 horas vascas con matices pero con una idea clara: el recurso del Gobierno central supone un ataque al autogobierno de Euskadi y a la negociación colectiva vasca. En un tono más beligerante, las centrales abertzales pidieron a Lakua que no acate ni el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la CAV ni los que puedan llegar en el futuro desde el Supremo o el Constitucional. ELA pidió al Ejecutivo de Iñigo Urkullu una “confrontación democrática” para defender los servicios y el empleo públicos. Mientras que LAB le exigió “firmeza” para que se respete el pacto sobre la jornada de los funcionarios.

Por su parte, el sindicato UGT se mostró muy crítico con los intentos del Gobierno español de recortar los derechos de los trabajadores. Comisiones Obreras solicitó a Lakua que “agote todos los procedimientos jurídicos” y que incluya las 35 horas en la negociación que mantiene con el PP para desbloquear cuestiones como el Cupo y poner fin al bombardeo de recursos con los que España intenta limitar las competencias de Euskadi.

En una nota de prensa, ELA ligó la sentencia adelantada ayer con la decisión de recurrir ante los tribunales la última promoción de la Ertzaintza. Para el sindicato mayoritario en la Administración vasca, estas 2 cuestiones pueden “acarrear la destrucción de miles de puestos de trabajo en el Gobierno Vasco”.

ELA recordó en este sentido que, según una auditoria de Deloitte, el aumento de la jornada laboral decretada por Madrid en 2012 supuso la extinción de 1.481 contratos en Osakidetza. Una cifra a la que habría que “sumar” las 250 plazas de ertzainas que han sido recurridas por el Estado.

involución estatal Ante esta situación el sindicato pidió al Gobierno Vasco que convoque la Mesa General de Función Pública para “acordar la forma de mantener las 35 horas” y sacar adelante la promoción de la Ertzaintza. ELA, que advirtió que esta cuestión puede desencadenar otra fase de confrontación en Lakua, planteó ir más allá de la relación de bilateralidad, que supone “aceptar gestionar un poder político cada vez más reducido” y no dar “respuesta a la involución estatal”.

Con un mensaje similar, la responsable de LAB en la Función Pública vasca, Arantza Sarasola, exigió al Gobierno Vasco “firmeza” para mantener la jornada de 35 horas semanales en la Administración y rechazó las “quimeras” sobre “un nuevo clima de diálogo y bilateralidad” entre Ejecutivo de la CAV y el central.

Para LAB, aunque Euskadi recurra, “la sentencia es clara” y el Supremo “confirmará el fallo del TSJPV”. “Nos preocupa saber qué vamos a hacer una vez que el Tribunal Supremo dictamine que la jornada tiene que ser de 37 horas y media, qué es lo que va a hacer el Gobierno Vasco para que se pueda llevar a la práctica una decisión que mayoritariamente refrenda la ciudadanía vasca”, afirmó Sarasola en declaraciones a Europa Press.

En una nota de prensa, CCOO afirmó que la sentencia supone un “varapalo” en un momento “en el que se habían comenzado a recuperar derechos perdidos” en la Administración. Comisiones exigió al Gobierno español que ponga fin a la “la batalla judicial contra los derechos de los empleados públicos vascos”. Al mismo tiempo, pidió a Lakua que agote todas las vías jurídicas y políticas para mantener las 35 horas.

UGT, por su parte, advirtió de que el fallo va a entorpecer “aún más unas relaciones laborales ya enquistadas” entre los empleados públicos y el Gobierno Vasco.

En opinión de la responsable de Servicios Públicos de UGT Euskadi, Arantza Argote, la resolución “atenta contra la propia autonomía del Gobierno Vasco y del derecho de los empleados públicos vascos a la negociación de sus condiciones laborales”.