madrid - Mientras en Madrid se especula en torno a si Mariano Rajoy rejuvenecerá su plantilla de ministros o si mantendrá la vieja guardia de su partido que le ha acompañado hasta ahora, la Comisión Europea aguarda expectante la formación de Gobierno para reanudar “el diálogo” con España y conocer de primera mano dónde va a aplicar la tijera el nuevo Ejecutivo para ajustar el traje del presupuesto al exigente objetivo de déficit.

Los ministros tomarán posesión de su cargo el viernes y se celebrará el primer Consejo de Ministros de la complicada legislatura que arranca con casi doce meses de retraso. Bruselas no quiere esperar más para mantener el primer contacto y espera abrir ese mismo día los cauces de diálogo con los titulares de Economía y Hacienda y después con los responsables de las carteras que pueden verse afectadas por los recortes que se avecinan.

“A partir del viernes habrá contactos con los ministros [que formen el nuevo Gobierno español] sobre el menú político que se conoce”, indicó ayer en una rueda de prensa en la capital comunitaria el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

Ese “menú político” es muy frugal. Básicamente consiste en cepillar el gasto para eliminar 5.500 millones de euros, la diferencia que hay entre el objetivo de déficit previsto y no cumplido para este año y el que se ha fijado para el próximo, el 3,1% del PIB.

Tras casi un año de bloqueo político, la Comisión Europea ya vuelve a tener enfrente un interlocutor válido para realizar las entresacas necesarias para alcanzar la meta de consolidación fiscal. Sobre la base de los Presupuestos prorrogados de este año, España tiene que aclarar cuanto antes cómo va a reducir sus gastos -o aumentar sus ingresos- para que las cuentas cuadren al final de año con la rígida regla fijada por los socios del euro. Y según advierten esta vez no habrá más prórrogas.

Los populares adelantaron el año pasado a octubre la tramitación del presupuesto en curso para aprovechar su mayoría absoluta y dar luz verde a las Cuentas. En estos momentos ni tienen fuerza para aprobar unas nuevas ni parece que vayan a tener muchos compañeros de viaje para hacerlo por el ajuste que conllevan.

resolver las incógnitas Así que hay muchas incógnitas. La principal es el camino que se escogerá para mantener la misma política de gasto de este año, que ya sufrió un recorte de 2.000 millones en abril, con otro tajo de 5.500 millones.

La Comisión Europea quiere resolver esas dudas cuanto antes. Bruselas sabrá el jueves quién será su interlocutor, cuando Mariano Rajoy desvelé el contenido de su libreta negra de ministros al rey. Y quiere retomar un día después los contactos con el Ejecutivo español sobre las reformas que garantizarán el cumplimiento de los objetivos de déficit comprometidos con la Unión Europea.

Durante su comparencia de ayer el portavoz comunitario recordó que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, envió el pasado domingo una carta de felicitación a Rajoy por su investidura. En la misiva, Juncker destacaba el “momento crucial” que afronta España, en el que “todos hemos de trabajar juntos para superar los retos que nos aguardan”.

Hay prisa por arrancar ese ciclo y no se descartan contactos al más alto nivel. En esa línea, Margaritis Schinas afirmó que es posible que se produzca una conversación telefónica entre Juncker y Rajoy en las “próximas horas o días”. Sin embargo, advirtió de que la semana es “atípica” por el puente de Todos los Santos, por lo que puede ser “algo difícil” organizar tal conversación.

En cualquier caso, “hay que esperar” que el nuevo Gobierno se constituya formalmente antes de emprender el diálogo, aseguró el portavoz de Juncker.

La negociación, si cabe llamarla así, no tendrá mucho recorrido, porque Bruselas solo espera de ese diálogo saber cómo va a cumplir Madrid sus exigencias. España se enfrenta a la congelación de 1.100 millones en fondos estructurales y a una multa que podría llegar a superar los 5.500 millones.

Europa refuerza la vigilancia sobre el Estado español, cuyos presupuestos pasan técnicamente a estar controlados por el Ejecutivo comunitario. El camino es duro porque se exige un nuevo recorte de otros 5.500 millones para 2018.