BILBAO - La propuesta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de hacer compatible el cobro de una pensión de jubilación con el sueldo de un trabajo también cuenta con el rechazo de los empresarios. El presidente de Cepyme y Confemetal, Antonio Garamendi, estima que se trata de un planteamiento “precipitado” que podría perjudicar el acceso de los jóvenes al mercado laboral.
A la espera de que el Ministerio formalice la propuesta y la envíe al Pacto de Toledo en el Congreso como anuncia el Gobierno del PP, la patronal anima a buscar soluciones ante la falta de ingresos de la Seguridad Social. La hucha de las pensiones está a punto de agotarse -lo hará previsiblemente el próximo año- y los agentes sociales admiten el “parche” de habilitar partidas presupuestarias para sostener el salario de los que se han retirado ya, mientras piden que se continúe buscando fórmulas que permitan reforzar los ingresos del sistema de cara a garantizar su futuro. Y en ese sentido la vía del empleo de los mayores está prácticamente descartada antes de su formulación por el rechazo generalizado que ha cosechado.
En España hay tres millones y medio de jubilados que viven con una pensión inferior a 750 euros y que además tienen un techo de revalorización del 0,25%, al margen del IPC, mientras la cesta de la compra empieza a calentarse. ¿Son los minijobs la respuesta para ese colectivo de pensionistas con dificultades para llegar a fin de mes? ¿Resolvería esa segunda actividad de los jubilados los problemas de ingresos de la Seguridad Social?
“abusos” del mecanismo Expertos y sindicatos creen que no y han rebajado a la categoría de “ocurrencia” la propuesta de Báñez. La patronal tampoco se identifica con un planteamiento puesto en órbita en una mesa redonda sobre el futuro de las pensiones sin ninguna concreción. El presidente de Cepyme teme que es posible que esa fórmula incluso genere situaciones de “abuso”. Según Garamendi, podría darse la circunstancia de que altos directivos de empresa con sueldos altos se negaran a abandonar su puesto tras la jubilación y pidieran una indemnización a cambio de irse a su casa.
En ese caso, “la empresa, sobre todo las pymes, se encontraría con un problema porque tendría que gastar un dinero que tenía ahorrado para invertir o para contratar a gente joven”. Además, el empresario vasco considera que el mecanismo puede “poner trabas a la gente joven” para acceder al mercado laboral y al mismo tiempo se estaría frenando la evolución natural de las compañías, que “también necesitan renovarse en edad”.
A falta de conocer los detalles, Antonio Garamendi no percibe aspectos positivos en la filosofía de la medida. Tampoco lo hace el catedrático de Economía Aplicada de la UPV Ignacio Zubiri. “No va a suponer una mejora de los ingresos del sistema y solo va a solucionar algunas injusticias muy puntuales de jubilados que cobraban por derechos de autor o cuestiones similares”, declara.
Zubiri considera por ello que detrás la propuesta de Báñez se esconde un objetivo muy claro: preparar el terreno para lo que está por llegar. “Más que otra cosa es un aviso para que los ciudadanos sepan que, más antes que después, las pensiones van a bajar y va a ser necesario trabajar después de jubilarse para tener un nivel de vida razonable”, destaca.
nuevas fórmulas de ingresos Todo forma parte de una “maniobra de distracción” y oculta un “engaño”, el actual modelo de jubilación no es sostenible si se entiende como tal el cobro de una pensión con una cuantía similar a las actuales. A juicio de Zubiri, no hay otro remedio que aumentar los ingresos que recibe el sistema vía impuestos.
Es una cuestión que ya está sobre la mesa por la velocidad con la que se está agotando el fondo de reserva de las pensiones. En declaraciones a Efe, el máximo responsable de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña, admite la necesidad de realizar un aporte extraordinario vía presupuestos al sistema de la Seguridad Social, pero lo considera “un parche, que si es necesario se hace, pero no se puede convertir en la sustitución de la solución”.
“Todos queremos que se mantenga el sistema”, asegura García Viña, quien percibe que la solución no pasa por aumentar los ingresos fiscales, sino por crear trabajo.
En opinión de la secretaria de Políticas Sociales y Empleo de UGT, Mari Carmen Barrera, la Seguridad Social debe contar con una financiación mixta (cotizaciones y presupuestos). Para mejorar los ingresos directos del sistema, Barrera sugiere mejorar las prestaciones por desempleo, aumentar el Salario Mínimo Interprofesional -lo que generaría un aumento de la base de cotización mínima, - y “destopar” las bases máximas de cotización, lo que aportaría unos 7.000 millones de euros al mecanismo.
“Tampoco es que vayan a desaparecer las pensiones públicas, sino que habrá que ver cómo de generosas deben ser”, explica a Efe el director de Fedea, Ángel de la Fuente, quien subraya que dentro de 40 años es posible que se mantenga su cuantía en términos absolutos, pero caerá en relación con el salario medio.
