BILBAO - La reforma del Impuesto de Sociedades en España, que eleva los pagos fraccionados que adelantan las grandes empresas, permitirá recaudar unos 8.300 millones de euros adicionales, según las previsiones del Gobierno del PP, que servirán para cuadrar las Cuentas públicas de este año e intentar lograr el objetivo de déficit público del 4,6% del PIB comprometido con Bruselas.
La presión de la Comisión Europea a Madrid para que España intente cumplir con el objetivo déficit pese a que el Gobierno de Rajoy lo ha elevado en ocho meses más que en todo el pasado año completo, ha llevado al Ejecutivo español a aprobar ayer un decreto ley que implica que las 9.000 empresas del Estado español que facturan más de 10 millones de euros deberán adelantar a cuenta del impuesto un pago mínimo del 23% de su resultado contable en abril, octubre y diciembre, decisión que ha irritado a la patronal CEOE.
El pago mínimo será del 25% del resultado contable para las entidades de crédito y las empresas dedicadas a la exploración de yacimientos de hidrocarburos, que son las que cuentan con un tipo de gravamen incrementado del 30%, frente al tipo general del Impuesto de Sociedades del 25% establecido con la reforma fiscal.
Según el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, la medida se crea con vigencia indefinida y durará al menos hasta que el déficit público se sitúe por debajo del 3% del PIB, lo que podría ocurrir en 2018, año para el que el Gobierno prevé un déficit del 2,2% del PIB aunque hasta ahora no ha cumplido nunca con las previsiones pactadas con Bruselas.
El objetivo, según Montoro, es mantener una recaudación del Impuesto de Sociedades de unos 20.000 millones de euros al cierre de 2016. “Si no lo hacemos, vamos a reducir la recaudación del Impuesto de Sociedades en una cuantía que no nos podemos permitir”, afirmó el ministro Montoro.
Para la CEOE la medida es desproporcionada y excesiva, y podría afectar a la capacidad de inversión, solvencia y competitividad de las empresas, con el consiguiente impacto en la creación de empleo, mientras que fuerzas como el PNV la justifican por la necesidad de ingresos. - DNA
