madrid - El Gobierno español elevó ayer la previsión de déficit público del 2,8% del PIB al 3,6% para este año. La subida es del 0,8%, justo la desviación que se produjo en 2015. De cara a 2017 el incremento será todavía mayor y se pasa del 1,4% estimado inicialmente hasta el 2,9%. Se retrasa doce meses el objetivo de bajar de la línea roja del 3% y, lo que es más importante, la temperatura apenas se reducirá una décima por debajo de la zona caliente.
El Ejecutivo del PP considera que la evolución de la economía y el recorte presupuestario de 2.000 millones de euros aprobado la semana pasada bastan por sí solos para cumplir con la nueva senda de consolidación fiscal. No será necesario pasar más la tijera, aseguró el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la presentación de las reglas del gasto. También explicó que las comunidades y el Estado se repartirán las ocho décimas adicionales, aunque no al 50%.
Todo apunta a que el margen de mejora en el gasto para los gobiernos de las autonomías de regimen común será mínimo. Sobre todo porque, pese al ruido generado por el enfrentamiento de Cristobal Montoro con las comunidades incumplidoras, el verdadero quebradero de cabeza para cuadrar las cuentas del Estado es la Seguridad Social, que tuvo un déficit de 15.000 millones el año pasado y que rondará los 10.000 millones este año.
En el caso vasco, ese pellizco extra en el gasto tendría en principio que fijarse en una reunión de la Comisión Mixta del Concierto debido a la bilateralidad de la relación de Euskadi y España. Sin embargo, el calendario no parece muy propicio para una convocatoria del foro. Primero porque la decisión del Gobierno central de elevar el déficit no cuenta todavía con el respaldo de la Comisión Europea y no será firme hasta mayo. Pero además cada vez cobra más fuerza la posibilidad de una repetición de las elecciones generales e incluso podría darse el caso de que el lehendakari adelantara los comicios vascos para que coincidiera con esa cita. El panorama electoral se despejará previsiblemente la próxima semana, pero aún así parece improbable que sea posible buscarle encaje a una reunión de alto nivel como es la Comisión Mixta antes de una cita electoral. Y es mucho previsible que el Gobierno en funciones se meta en esa harina.
La cuestión se adentra en terreno poco firme y el anuncio del nuevo déficit se desliza a las puertas de lo que se intuye como una nueva cita con las urnas. En Euskadi “no se espera gran cosa” de la decisión del Gobierno central a pesar de que Cristóbal Montoro dice que las comunidades que cumplieron con el objetivo marcado para el año pasado serían “premiadas”. Las comunidades que están en el extremo opuesto -todas menos Euskadi, Galicia y Canarias- ya tenían como deberes la “aprobación de medidas de ajuste del gasto”, recordó ayer De Guindos. Básicamente ni ganarán ni perderán, lo servido por lo comido.
A la espera de que se concrete qué parte del aumento del déficit va a las comunidades, el objetivo regional de este año está fijado en el 0,3% del PIB. La senda baja otros dos escalones en 2017 (0,1%) para llegar a 2018 en equilibrio fiscal, déficit cero. En el caso de Euskadi, cada décima de déficit supone unos 66 millones, un 0,6% del Presupuesto. Más allá del saneamiento del gasto público, la comparecencia del Gobierno en el Congreso, un gesto inusual en el PP las últimas semanas, fue la escenificación de la rebaja de las expectativas de la economía.
más paro, menos pib El ministro De Guindos, que hace poco más de medio año aseguraba que España iba a cumplir con el límite de déficit fijado para 2015, corrigió ayer de arriba a abajo las previsiones para este curso. No sólo aumentará el desajuste entre ingresos y gastos, también habrá este y el próximo ejercicio más paro del previsto y la economía crecerá menos de lo estimado en otoño.
Como ya adelantó el fin de semana pasado el ministro de Economía, el PIB crecerá un 2,7% este año, tres décimas menos de lo previsto en octubre, a dos meses vista de las anteriores elecciones generales. Entonces se pronosticó un crecimiento del 2,9% para el próximo ejercicio y ahora se enfrían las expectativas en medio punto.
Ese frenazo de la economía tendrá impacto en el mercado laboral. El Gobierno central prevé que la tasa de paro se sitúe a finales de diciembre en un 19,9% -dos décimas más de la primera estimación- y que retroceda hasta el 17,9% el año que viene, frente al 17,6 fijado como objetivo inicial.
Las nuevas estimaciones se hacen públicas de nuevo dos meses antes de las elecciones -todavía hipotéticas- de junio, con un mensaje de Gobierno que que renuncia a una de sus guías -la consolidación fiscal- para no continuar con los recortes de servicios a los ciudadanos. De Guindos aseguró que cumplir con el objetivo del 2,8%, habría supuesto un ajuste presupuestario “muy drástico”, de en torno a un 2% del PIB. “Semejante esfuerzo podría tener un impacto negativo para nuestro crecimiento”, afirmó el ministro.
El PNV pide a De Guindos que “plante cara” a Bruselas. Pedro Azpiazu, responsable económico del PNV, instó ayer a De Guindos a “plantar cara” a Bruselas “antes de que sea demasiado tarde”, porque “la revisión del cuadro macroeconómico es reflejo del fracaso” de las políticas de austeridad, pero sigue recogiendo “la misma medicina contraproducente” aunque sea en menor dosis.
Los sindicatos desconfían y prevén más recortes. CCOO opina que la situación económica de España es mucho más grave de lo que dice el PP. UGT afirmó que el aumento del objetivo de déficit vendrá acompañado de nuevos recortes y reformas, ya que el visto bueno de Bruselas “no saldrá gratis” .
