Madrid - Empresarios y sindicatos españoles han quedado fuera de la gestión de los fondos de formación en los que hasta ahora tenían un peso muy importante. El Consejo de Ministros aprobó ayer, sin el acuerdo con los agentes sociales, el Real Decreto-Ley de reforma de la formación profesional, con la que se persigue una mejora de la calidad de los cursos para el acceso a empleos más cualificados y dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en este ámbito.

El texto abre la gestión directa de los fondos y la impartición de cursos de formación de oferta -financiada con cuotas, fondos públicos y europeos- a la libre concurrencia y relega a patronal y sindicatos a un papel de planificación de estos programas. Esto evitará que, como hasta ahora, los agentes sociales sean juez y parte en la formación, y permitirá, según el Gobierno español, que sea el mercado el que dirija a los trabajadores hacia las mejores ofertas de formación.

Este cambio ha imposibilitado el acuerdo, según confirmaron desde la patronal y los sindicatos. No obstante, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó la rueda de prensa tras el Consejo Europeo de Primavera para asegurar que la reforma nace tras “un largo e intenso diálogo con los agentes sociales”.

En la misma línea, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, recordó que las empresas siguen pudiendo elegir el impartir, incluso con más “flexibilidad”, la formación través de lo que se conoce como formación bonificada. Ahora bien, si en los últimos años se adelantaba la financiación de estas subvenciones directas a las empresas en un 100%, a partir de ahora solo se anticipará el 25% para evitar casos de fraude.

Sin embargo, para CCOO el decreto ley de la reforma otorga un papel “muy poco relevante” a los sindicatos y limita su participación a un “mero papel decorativo”. Asimismo advirtió sobre la posibilidad de que los servicios públicos de empleo proporcionen el “cheque formación” a los trabajadores desempleados, ya que éste sería usado preferentemente por trabajadores ya cualificados y sería propenso al fraude. Por su parte, UGT confía subsanar en el trámite parlamentario “algunas carencias” del modelo. En concreto, este sindicato aspira a que en el desarrollo reglamentario se plasme “con claridad” el papel protagonista de los interlocutores sociales. Sindicatos y patronal salen de la gestión económica, si bien el nuevo sistema otorga a los agentes sociales un papel “protagonista” en la programación, planificación y difusión de los programas.

En sentido contrario, las organizaciones empresariales representativas de los centros y entidades de formación consideran que la reforma mejorará la empleabilidad de los desempleados, facilitará el mantenimiento en el empleo de los trabajadores ocupados y contribuirá al incremento de la competitividad de las empresas, según han informado en un comunicado. Así la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación, Asociación de Proveedores de E-learning, Confederación Española de Empresas de Formación y la Confederación Española de Centros de Enseñanza, valoraron positivamente la reforma. - DNA