gasteiz- Todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo el PNV, aprobaron ayer el dictamen de la comisión de investigación sobre las ayudas públicas a los proyectos fallidos Epsilon e Hiriko, en el que se afirma que cargos y dirigentes institucionales del partido jeltzale incurrieron en “responsabilidades políticas” por el “impacto” que tuvo sobre las arcas públicas el fracaso del primero de estos proyectos empresariales.
Ambas iniciativas, relacionadas con el mundo de la automoción, recibieron cerca de 60 millones de euros de fondos públicos a través de ayudas y avales. A pesar de este apoyo, los dos proyectos fracasaron y el máximo responsable de Epsilon, Joan Villadelprat, fue condenado por una “salida fraudulenta de activos”.
El dictamen constata la existencia de “irregularidades” en las ayudas concedidas a Epsilon. Además, apunta a la existencia de “responsabilidades” políticas en las personas que formaban parte del Consejo de Promoción Económica que, en su sesión número 11, de 28 de septiembre de 2007, durante la última legislatura de Juan José Ibarretxe, declararon a Epsilon como “proyecto estratégico”.
En el caso de Hiriko, el dictamen indica que “la dirección de SPRI ha tenido una responsabilidad in vigilando” ante lo ocurrido, debido a la inexistencia de “un deber de exigencia de auténticos y coherentes planes de viabilidad” y dice que el Gobierno vasco “careció de visión estratégica, al no haber apreciado los riesgos” que implicaba la concesión de ayudas.
El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria justificó el rechazo de su grupo al dictamen debido a que el mismo recurre a “la manipulación y perversión de datos, documentos y frases”. Además, lamentó que se haya apuntado a las supuestas “responsabilidades” de cargos institucionales del PNV en la época del Gobierno de Juan José Ibarretxe, y que no se haya hecho lo mismo con los responsables del Gobierno del PSE que, a partir de 2012, también adoptaron decisiones respecto a estos proyectos.
El parlamentario del PSE Vicente Reyes aseguró que su partido será “intransigente contra la corrupción y la “falta de transparencia” en la gestión de los fondos públicos. - E. P.
