La crisis financiera que estalló en 2007 y se trasladó al conjunto de economías avanzadas y con particular complejidad a la zona euro, se ha cobrado una víctima en Euskadi y en el conjunto del Estado: las cajas de ahorro. La banca tradicional buscaba la pieza de un modelo de entidades que venían cubriendo segmentos de la actividad con especial relevancia social: crédito a pymes y familias, inversión en economía productiva, retorno social a través de las obras sociales. Todo ello con un sistema de gobierno corporativo que. lejos de ser público (los equipos directivos han ostentado la gerencia real de las cajas), sí tenía un nivel de participación social muy superior al de los bancos tradicionales. Las consecuencias del cambio se verán con el tiempo, probablemente en forma de exclusión financiera y concentración del sector en forma semi-oligopolista.

La nefasta gestión de algunas de esas cajas, expuestas a riesgos sistémicos por su papel en el impulso de la burbuja inmobiliaria, desvaríos políticos varios y dificultades de capitalización, ha sido la coartada perfecta para el proceso de demolición controlado. Resulta reprobable que no se hayan establecido soluciones diversas para entidades diversas. Las cajas vascas mantenían y mantienen una aseada situación económica. Prueba empírica de que no era la forma caja el problema, sino la gestión de las mismas. Pero el café para todos ha sido un hecho, porque de fondo la reestructuración del sistema financiero español se ha dado desde posiciones de poder, dentro y fuera del Estado.

Durante todo aquel proceso, CCOO, casi en solitario, denunció que se estaba utilizando de forma ventajista la necesidad de viabilidad y capitalización de las cajas para desfigurar su naturaleza. Demasiado solos entonces, hemos seguido trabajando para defender el control y retorno social, las condiciones laborales y la implicación en la economía productiva.

En el caso que nos atañe, nos encontramos con un proceso de fusión fría pactado en el año 2011 con el concurso de todas las grandes corrientes políticas del país. En esa fusión se transfirió la actividad financiera de las cajas a Kutxabank, una sociedad anónima con un accionariado.

CCOO renunció en su día a estar en cualquier terna para proponer a nadie en el consejo de Kutxabank e instó a las cajas a llegar a un acuerdo que recogiera la pluralidad del país. Así fue en gran medida, suscribiéndose el acuerdo desde PNV, PSE, PP y Bildu, refrendado en las tres cajas, la última de ellas Kutxa con el 91% de votos de la asamblea.

En el contrato de fusión que alumbró Kutxabank se hacía una reseña relevante: “manifiestan las cajas su firme intención de mantener la propiedad del 100% de las acciones de la Sociedad Central (Kutxabank) para preservar la esencia de las Cajas”. Eso sí, como no puede ser de otro modo incluía una salvedad: “salvo que la operación viniera exigida por cualquier normativa aplicable o por un Organismo o Administración competente”. Esa normativa aplicable llegó. La Ley 26/2013 que regula las Cajas de Ahorro y fundaciones bancarias, aprobada por el PP y el PNV, este tras incluir algunas enmiendas, recoge dos elementos centrales y objeto de la actual polémica.

El primero es la necesaria conversión antes de fin de año de las cajas en fundaciones bancarias. Esto se hará bien por la decisión de las propias kutxas o bien con intervención externa que determinaría el patronato y los estatutos de la fundación. Si no lo hicieran, sus órganos de gobierno serían disueltos, incurrirían en una infracción muy grave y el Banco de España les retiraría la ficha para operar como entidad crediticia.

Por otro lado, la Ley hace otra previsión. Si alguna fundación bancaria posee más del 50% del accionariado del banco, éste deberá establecer un fondo de reserva que fijará el Banco de España por ahora y quizás, si hacemos caso a Durao Barroso, pronto el Banco Central Europeo. Este fondo, en función de su cuantía, puede lastrar la situación de Kutxabank y por tanto su dotación de la obra social, el convenio colectivo, su capacidad prestataria etc.

En este contexto, CCOO ha planteado la necesidad de llegar a acuerdos que garanticen en todo lo posible el control social de las entidades, tanto Kutxabank como las fundaciones, y el compromiso sobre la obra social. No hemos compartido el proceso de negociación precipitado que dio lugar a las decisiones de los consejos de BBK y Vital para la conversión en fundaciones. De ahí nuestra abstención y posterior presentación de un documento en el consejo de BBK (ya aprobado) así como en la futura asamblea de Vital. Creemos que ese documento debiera ser una percha para conciliar una voluntad de todas las partes y en varios sentidos. La composición de los patronatos debe recoger la pluralidad social del país.

En cuanto al accionariado, hemos acordado que se apueste por mantener la actual estructura accionarial. En caso de que no hubiera otro remedio que proceder a una desinversión o ampliación de capital (para evitar males mayores por exigencia del regulador financiero que puedan, por ejemplo, estrangular la obra social) son necesarios compromisos políticos e institucionales que garanticen el control social o público. Herramientas habría si las instituciones tomasen la decisión política. Las propias EPSVs, siempre desde su autonomía de decisión, y garantizando seguridad y rentabilidad, podrían jugar un papel, dentro de un gran acuerdo evidentemente.

La posición de CCOO en los próximos meses (no olvidemos que queda por resolver la conversión de Kutxa en fundación), irá orientada a lograr los compromisos efectivos y amplios. Control social, garantía en la obra social, entidad vinculada a las necesidades productivas del país, condiciones laborales.

Lo que no vamos a hacer es dar pábulo a demagogias. Debiera saberse que la propuesta que desde algunos ámbitos sindicales (ELA, LAB) se está trasladando a los agentes políticos consiste en trocear al banco en pequeñas cajas para sortear así la aplicación de la Ley (la obligación de conversión en fundaciones opera, por ahora, para las que tengan más de 10.000 millones en activos, mientras que Kutxabank superaba los 75.000 millones en el momento de su creación). Sin duda, una propuesta que aplaudiría la banca española e internacional, pues debilitaría de tal manera la entidad que se abriría un nicho de negocio precisamente a quienes promovieron el desmontaje de las cajas de ahorro.

Supondría un debilitamiento de las obras sociales, un fuerte ajuste de empleo en el banco y fuera del banco y un proceso de desinversión en la economía real vasca con efectos graves, cuando aún hay serias restricciones de crédito. Las cooperativas de crédito o la banca ética son iniciativas plausibles que de hecho cuentan con nuestro aprecio y apoyo, pero obviamente no pueden ser la salida para una entidad como Kutxabank.

Hace tiempo que ELA y el “cuanto peor, mejor”, juega a una estrategia de hacer de lobby sobre el PNV y situar en dificultades a LAB y a Bildu cuando tengan que asumir su responsabilidad en Kutxa y luego, como en 2011, decir “donde dije digo, digo Diego”. Hay cosas muy serias en juego y si se piden acuerdos hay que tomarse las cosas en serio y en tiempo. No tarde y sin márgenes.

CCOO va a utilizar la fortaleza que nos da ser el sindicato más representativo de Kutxabank y nuestra capacidad de influencia en las candidaturas sociales, con las que venimos trabajando, para situar el mayor nivel de garantía en la defensa de una entidad financiera con una dimensión social.