madrid. Tras la polémica suscitada con la subida del recibo de enero, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dijo ayer que la factura de la luz "debe y puede bajar". A su juicio, en la factura hay impuestos y tasas que costea el consumidor que deberían pagarse a través de los presupuestos públicos ya que no se corresponden ni con el coste de producir la electricidad ni con el de transportarla.

En este sentido, el máximo mandatario de la eléctrica vasca indicó ayer que la tarifa de la luz se ha convertido en un "cajón de sastre" en el que entran todo tipo de tasas para financiar a las comunidades autónomas y para pagar políticas sociales o industriales, algo de lo que realmente debería hacerse cargo el Estado, sostiene. El presidente de Iberdrola subrayó en la Cadena Cope que el 60% de lo que paga por la luz un consumidor medio no se corresponde "ni con la energía ni con los cables que le llevan esa energía a su casa" sino con subvenciones, tasas e impuestos que a su juicio no tendría por qué pagar el consumidor. Así, aunque habitualmente se suele separar la factura entre los costes de la energía -que se determinan en subasta- y los peajes -que los fija el Gobierno-, existen otros elementos, fundamentalmente impuestos, que acaban inflando el precio final.

"La factura de la luz desde tiempos remotísimos ha sido un cajón de sastre, donde se han ido metiendo cosas variopintas. Hay algunos impuestos y partidas que vienen de la época de Franco", dijo ayer Galán, y puso el ejemplo de Estados Unidos para reclamar que esta parte de la factura se costee con el dinero público. A juicio del empresario, los altos precios eléctricos hacen que en España las empresas estén perdiendo competitividad. De hecho, los elevados precios del mercado mayorista en diciembre obligaron a algunas grandes plantas industriales a reducir su producción para poder hacer frente a los costes energéticos, si bien los precios se han estabilizado en enero.

Los hogares han sufrido un nuevo incremento de la factura del 2,3% en el inicio del año después de que el Gobierno español se viera obligado a suspender una subasta energética que se saldó con una subida del 11%. La anulación llegó acompañada del anuncio de un nuevo sistema de revisión de la tarifa que estará listo para abril y que busca acabar con las críticas al actual mecanismo, que según las asociaciones de consumidores permite a las eléctricas pactar el precio que desean. El Gobierno español ha avanzado que las subastas dejarán de realizarse con una periodicidad trimestral, pero no está claro si será para realizarlas mes a mes, como se indicó en un primer momento, o para hacerlo en plazos más largos.

Aunque no está clara la periodicidad, sí parece que uno de los cambios supondrá la creación de un nuevo sistema de subasta múltiple, es decir, se realizarán diversas operaciones para fijar cuánto sube realmente el coste de la energía.