El PP pone la subida de la luz bajo sospecha

Asier diez Mon

MADRID. El Ministerio de Industria dio ayer un plazo de 24 horas a Competencia para que busque alguna irregularidad en la última subasta de energía del año y poder así evitar la subida del 11% que sufrirán los hogares a partir de enero. El tarifazo eléctrico llama a las puertas de los hogares con un incremento en e la factura que situará el recibo mensual medio cerca de los 86 euros, la cifra más alta jamás registrada.

El resultado de la subasta le cogió al Gobierno del PP con el pie cambiado justo un día después de José Manuel Soria revelará que, en contra de lo que había defendido hasta entonces, iba a subir su parte de la factura por encima del 2%. El ministro de Industria expresó su "sorpresa" por la subida del 26% en la licitación de energía entre las comercializadoras de último recurso (Cesur), la parte de la factura que no controla la administración. Si no se frena el impacto de la subasta Cesur, el recibo de la luz se disparará en torno a un 11%, el porcentaje más alto registrado. Y el Ejecutivo español se esforzó por trasladar a la opinión pública que está dispuesto a evitarlo por todos los medios. Para ello, sembró dudas sobre la limpieza de la licitación y puso bajo sospecha a todo el sector.

De este modo, Soria, tras afirmar que el resultado es "inaceptable", anunció que había encargado a la nueva Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia la apertura de una investigación para decidir si invalida el proceso. Añadió que debería tener los resultados sobre su mesa hoy mismo y que si no se detecta ninguna ilegalidad se revisará el método de cálculo del precio para "que sea más transparente y competitivo, y que no pueda dar margen a ninguna manipulación". El ministro no solo sospecha de que se ha producido una manipulación, también reconoce que el sistema lo permite, hay resquicios legales para subir la tarifa al margen del devenir del mercado.

Batalla por el déficit de tarifa El mensaje sonó rotundo en pleno enfrentamiento del Gobierno con las eléctricas por el déficit de tarifa. El cruce de declaraciones ha sido constante desde que el PP anunció su decisión de no asumir en los Presupuestos el desajuste de 3.600 millones que se generará el próximo año por este concepto. El anuncio se realizó en el Consejo de Ministros del 29 de noviembre y a partir de entonces el mercado de mayoristas -el de los grandes comercializadores- ha marcado récord tras récord anticipando la subida de la factura en los hogares a partir de enero. Con todo, en la peor de las previsiones se apuntaba a que la luz subiría alrededor de un 6%, pero la subasta Cesur rompió ese techo. "Esto el Gobierno lo ve inaceptable. No se corresponde en absoluto con las proyecciones que había de acuerdo a los precios futuros que el pool había marcado en las últimas semanas. Y por eso hemos solicitado formalmente a la CNMC que abra una investigación sobre las circunstancias que han rodeado la subasta, para ver si ha habido manipulación, si no ha habido transparencia o si no ha habido competencia", indicó.

La subida media en los hogares rondará los 100 euros anuales, que se suman a los constantes incrementos registrados los últimos años y a los previsibles repuntes trimestrales de 2014. Si se materializa la subida del 11%, la factura del próximo enero será 35 euros más cara que la de enero de 2008, un hogar medio pagará 428 euros anuales más, para un incremento durante la crisis superior al 60%. Son los efectos de una factura que podría rondar los 85 euros. Solo ocurrió algo parecido en enero de 2012, cuando se rozaron los 89 euros, pero aquella subida estaba distorsionada por la sentencia del Tribunal Supremo que obligó al Gobierno español a incrementar el recibo después de haberlo congelado. Las eléctricas recurrieron la decisión del Ejecutivo de Zapatero y el TS les dio la razón al considerar que la congelación supondría un repunte del déficit de tarifa. Los ciudadanos se vieron obligados entonces a asumir la subida con recargo. Quedó entonces en evidencia que el Estado tiene las manos atadas para controlar el precio de un bien considerado básico. No hay forma de controlar un mercado liberalizado y la única vía para reducir los costes desde la administración es a través de la parte que fija con recorrido es muy limitado.

La subasta Cesur coincidió ayer además con la validación en el Congreso de la Ley Eléctrica, de ahí que se defendiera una "reforma real" del sector entre las voces que denunciaron el impacto en las economías familiares del tarifazo. Así, Facua-Consumidores en Acción calificó de "inadmisible" y de "auténtica brutalidad" la previsible subida de la luz. "No nos creemos que no se pueda cambiar la regulación para no perpetuar el sistema de subastas", afirmó su portavoz, Rubén Sánchez. La patronal eléctrica, en cambio, dijo que no hay nada ilegal en las subastas y que el precio que marcan es alto porque la energía "es cara".

La coincidencia con el tránsito parlamentario de la ley generó también una fuerte contestación política. Los socialistas pidieron la comparecencia en el Congreso del ministro y la paralización de la subida. También criticaron a CiU por su apoyo "implícito" a la reforma. Desde el PNV, Pedro Azpiazu pidió a Soria que llegue a un acuerdo con el ministro de Hacienda para que este tipo de cosas se puedan corregir, paliar o que no tengan efectos tan duros" para el ciudadano.

"El resultado de la subasta es inaceptable. Espero y deseo

que sea frenado"

José Manuel Soria

Ministro de Industria

"Es malo que el precio de la energía sea tan alto, también para nosotros"

Eduardo Montes

Presidente de la patronal de las eléctricas

"Es inadmisible y una auténtica brutalidad. El Gobierno debe afrontar una reforma real"

Rubén Sánchez

Portavoz de Facua

"No hay nada que justifique el resultado que se ha producido

en la puja"