Madrid. El Gobierno español ha acordado de una forma "consensuada" con las comunidades autónomas afectadas, -con las reticencias de Euskadi-, astilleros y los sindicatos del sector de construcción naval la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión Europea acerca de la devolución de los tax lease, que deberá ser presentado antes del próximo 28 de septiembre y que, por el momento, no estará precedido de una petición de medidas cautelares.

En el transcurso de una reunión a la que asistieron, además del ministro de Industria, José anual Soria, los máximos responsables de los Ejecutivos de Galicia y Asturias, los responsables de los astilleros, a través de la patronal Pymar, y los representantes sindicales de UGT y CC.OO., -el lehendakari Urkullu excusó su asistencia por razones de agenda aunque trasladó su posición al ministro Soria-, se decidió presentar un recurso conjunto contra la decisión de Bruselas de obligar a devolver los beneficios fiscales a la financiación de la construcción naval del periodo 2007-2011, por el conocido como tax lease.

El Gobierno Vasco comunicó al ministro por boca del lehendakari Iñigo Urkullu que, tal y como defiende el sector vasco afectado, salvo que existan garantías de que el tribunal va a adoptar medidas cautelares para evitar la aplicación de la decisión de Bruselas, el Ejecutivo vasco es partidario de no presentarlo.

"Hemos llegado a la conclusión de presentar un recurso previa preparación", anunció, según Europa Press, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, tras la reunión. El Gobierno español mantiene que los argumentos "son muy sólidos" y "lo siguen siendo ahora", por lo que las autoridades del Estado y el sector de construcción naval no cejarán en su denuncia de "una decisión mejor que la anunciada previamente, pero lejana a la pretensión y el deseo de las partes implicadas".

Las cautelares, en el aire Los participantes en la reunión dejaron "cerrada" la decisión de recurrir ante los tribunales de justicia, pero dejaron "abierta" la de presentar medidas cautelares, explicó el ministro Soria, antes de indicar que otra de las decisiones adoptadas consistió en "poner en valor el extraordinario sistema de deducciones fiscales aplicable en la contratación de buques en el Estado español, un nuevo modelo de tax lease bendecido y autorizado por la Comisión Europea, que no se ha usado en los últimos meses por la incertidumbre acerca de las anteriores bonificaciones fiscales.

En paralelo, el Ministerio de Hacienda "está en contacto con los inversores", -los Banco Santander, Pastor, Inditex, Ferrovial etc- y ya ha celebrado "una reunión", que servirá junto con otras para fijar "las cantidades exactas afectadas por la decisión", añadió.

Tras la reunión entre las partes celebrada ayer -con la citada ausencia de representantes del Gobierno vasco, aunque Urkullu estuvo en permanente contacto telefónico con el ministro de Industria, José Manuel Soria- fue el citado ministro el que explicó que el encuentro sirvió para adoptar la decisión conjunta de presentar el recurso antes de finales de septiembre.

El ministro no desveló el importe de las ayudas que se tendrían que devolver de acuerdo a la decisión europea, pero reiteró que el responsable del cálculo, el Ministerio de Hacienda, está en contacto con los inversores. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha aseguró que mantiene "la esperanza de que se recupere el sector naval" porque "es un recurso razonable".