madrid. El juez Elpidio José Silva podría enfrentarse a 40 años de inhabilitación si prospera la querella que ayer interpuso la Fiscalía de Madrid contra él por cuatro delitos, presuntamente cometidos durante su instrucción del caso Blesa. En concreto, el Ministerio Público acusa al titular del Juzgado número 9 de Madrid de dos delitos contra la libertad individual por haber ordenado el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, otro continuado de prevaricación y un último de retardo malicioso en la Administración de Justicia.
La pena más grave de los delitos imputados por la Fiscalía a Silva corresponde al de prevaricación, recogido en el artículo 446 del Código Penal, que en su punto 3 castiga al juez o magistrado que, a sabiendas, haya dictado una sentencia o resolución injusta, con multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez a veinte años. Esa pena se reduce a entre 4 y 8 años para cada uno de los delitos contra la libertad individual, de los que la Fiscalía acusa a Silva por las dos prisiones que acordó para Blesa, la primera en mayo, eludible bajo fianza de 2,5 millones de euros y la otra, producida apenas 20 días después, incondicional.
Por último, la Fiscalía le imputa un delito continuado de retardo malicioso en la Administración de Justicia, tipificado en el artículo 449.1, que establece un castigo con entre 6 meses y 4 años, entendiendo por malicioso "el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima". En su querella, dirigida a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el fiscal afirma que el juez incumplió sus "deberes legales" al enviar a Blesa a prisión.
