Washington. Kevin Orr, nombrado por el estado de Michigan como el gestor externo de la ciudad, fue el encargado de solicitar la protección por quiebra bajo el capítulo 9 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos.
Ahora la Justicia debe decidir si acepta la petición de suspensión de pagos y reestructuración de la deuda por valor de 18.500 millones de dólares, aunque desde junio varios bancos habían acordado con Orr una quita de hasta el 75%, según el diario Detroit News.
"El presidente y los miembros del equipo del presidente continúan observando de cerca la situación en Detroit", dijo hoy la portavoz Amy Brundage.
"Mientras que los líderes de la planta en Michigan y los acreedores de la ciudad entienden que deben encontrar una solución al problema financiero de Detroit, nos mantenemos comprometidos a continuar nuestra fuerte asociación con Detroit, ya que trabaja para recuperar, revitalizar y conservar su estatus como una de las grandes ciudades de Estados Unidos", dijo Brundage.
La petición de bancarrota desencadenaría la caída de contrataciones y gastos municipales al mínimo necesario, lo que ha provocado críticas y peticiones para que la que fuera una de las capitales más boyantes del mundo venda muestras de su antiguo esplendor, como sus colecciones de arte o edificios.
La capital del motor lleva en caída libre desde los noventa y, tras nefastas gestiones de alcaldes, a lo que se sumó la crisis financiera de 2008, terminó por condenarse a la suspensión de pagos a una ciudad que fue el símbolo del poder industrial estadounidense.
La ciudad ha perdido un 60 % de su población desde los años cincuenta, hasta en entorno de los 700.000 habitantes, mientras que solo entre 2000 y 2010 experimentó un salida de un cuarto de sus habitantes, con partes convertidas en barrios fantasmas.
Además de la caída de contribuyentes y de ingresos, el desempleo, la salida de negocios y empresas ha provocado que las arcas de la ciudad no puedan ingresar lo suficiente para mantener sus compromisos y los gastos de servicios públicos.