BILBAO. El sector naval estatal ha acogido con recelo la decisión aprobada hoy por la Comisión Europea (CE) sobre la devolución de las ayudas concedidas entre 2007 y 2011, y aunque ha advertido de que "no va a tirar la toalla" en su lucha, han solicitado al Gobierno que aminore el impacto de esta decisión.

Horas después de que la CE confirmarse que suavizaba en dos años el reembolso de las ayudas fiscales para la construcción naval, un sistema conocido comúnmente como "tax lease", la patronal de los astilleros privados Pymar ha incidido en la necesidad de que el mandato de Bruselas sea lo más equilibrado posible dentro de los límites.

Tras asegurar que la decisión de la CE es "claramente discriminatoria e injusta" y a la espera de analizar en profundidad los daños concretos que conllevará esta devolución en un sector que emplea a 87.000 personas, el sector naval se reserva tomar las acciones legales necesarias para defender sus intereses.

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Europeo de Justicia los términos de la decisión de la CE, que aunque mejora la propuesta inicial -devolver las ayudas desde 2005 a 2011- "no es la solución que le gusta al Gobierno".

Por su parte, el secretario general de Industria, Luis Valero, ha abogado por la normalización del sector naval ya que "no podemos pararnos y ponernos a llorar (...) Hay que ser prácticos".

También se ha mostrado a favor de interponer un recurso el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien ha tachado el dictamen de Bruselas de "insensible", "cuestionable" y "poco responsable".

Desde Euskadi, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido medidas de apoyo para los astilleros por parte de Europa. Mientras, el gobierno de Asturias ve la decisión de la CE "claramente insuficiente", en tanto que el presidente cántabro, Ignacio Diego, cree que aunque no puede considerarse una "buena noticia", es "mejor" que lo que había hasta ahora.

Por su parte, el PSOE ha calificado de "claramente injusta" la decisión de la Comisión Europea y ha emplazado al Gobierno a recurrirla.

El impacto final dependerá del Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro, y que deberá ser el encargado de evaluar la cuantía de las ayudas que deben devolver los inversores.

Por ello, los sindicatos del sector han pedido al Ejecutivo que detalle, si es posible en este mismo mes, cuáles fueron los beneficiarios del anterior "tax lease", así como las cifras a reembolsar.

Para el vicepresidente de la CE, Joaquín Almunia, el futuro de los astilleros, de la industria auxiliar y de los trabajadores del sector dependerá de su potencial innovador y de la capacidad para atraer clientes.

Algo que difiere del sentimiento del sector, que teme una deslocalización del mercado hacia los astilleros asiáticos.

También la patronal ha pedido al Gobierno que aminore el impacto que tendrá la decisión de Bruselas y UGT le ha exigido que habilite al ICO para financiar e impulsar al sector naval y recomponer todos los instrumentos de negociación.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha arremetido contra el comisario europeo de competencia, Joaquín Almunia, y ha mostrado su sorpresa por que "el que más nos ha defendido en la Comisión haya sido un italiano, no un español".

También se ha pronunciado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha enviado una carta a su homólogo europeo, Nikiforos Diamandouros, en la que le pide que defienda al sector naval español tras la decisión de Bruselas.

La indignación ha sido tal que incluso el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha anunciado hoy que propondrá al próximo pleno municipal declarar a Almunia persona non grata en la ciudad, tal y como ha venido reclamando el PP.