lisboa. Un día después de la decisión del Tribunal Constitucional portugués el Consejo de Ministros se reunió ayer de urgencia para valorar la decisión que declara inconstitucional los presupuestos de este año. Una decisión que, según el Gobierno, coloca al país en riesgo al poner en duda su "credibilidad externa" y hacerle muy complicado cumplir sus objetivos de déficit. Por esto el primer ministro, Pedro Passos Coelho, pidió una reunión de urgencia con el presidente de la República, el también conservador Aníbal Cavaco Silva, para analizar la situación.
Tres horas y media duró la reunión del consejo de ministros aunque la rueda de prensa posterior fue mucho más corta. Sólo unos minutos donde el secretario de Estado de Presidencia, Luis Marques Guedes, leyó un comunicado y no aceptó preguntas.
Lo que sí aceptó es la decisión del Tribunal Constitucional. "El Gobierno portugués acepta pero no está de acuerdo", dijo Marques Guedes. Y no está de acuerdo porque para el Ejecutivo luso esta decisión le provoca un agujero de más de 1.000 millones de euros ya que deberá abonar las pagas que suprimió a los pensionistas y funcionarios además de compensar la bajada de los subsidios de desempleo y enfermedad.
Pero no sólo eso. Marques Guedes también consideró que esta decisión afecta "a la credibilidad externa en vísperas de una crucial reunión". Se refería al Ecofin donde los portugueses iban a pedir un alargamiento de los vencimientos de los pagos por el rescate. Algo que ahora se complica tras el rechazo de sus presupuestos por parte del Tribunal Constitucional. El Gobierno luso también hizo un llamamiento a los ciudadanos para "alertar a los portugueses de los riesgos" que la decisión de los jueces acarrea.
Unas consecuencias que el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, analizará junto al presidente del país, Aníbal Cavaco Silva, que también pertenece al partido conservador. La reunión se celebrará de urgencia y el objetivo es obtener "una rápida clarificación del Estado sobre relevantes aspectos puestos en causa por la sentencia", según adelantó ayer Marques Guedes.
En la comparecencia, el portavoz del Gobierno no adelantó ninguna de las medidas que prevé tomar el Ejecutivo luso para afrontar el agujero de más de 1.000 millones de euros que provoca esta sentencia en sus cuentas.
