Arturo Fernández, el controvertido vicepresidente de la patronal CEOE debe 2,7 millones euros al Estado por no pagar los recibos acumulados mientras controlaba el servicio de cafetería del Palacio de Congresos de Madrid, situado en el paseo de la Castellana. Según la Cadena SER, citando fuentes de este centro público perteneciente a la Secretaria de Estado de Turismo, dentro del Ministerio de Industria, el Grupo Fernández acumula una deuda económica desde 2008 fecha en la que se suspendió la concesión. El Estado le reclama esta cantidad por recibos impagados que se acumulan desde 2005 hasta 2008 fecha en la que Arturo Fernández perdió la concesión pública del servicio de cafetería del Palacio de Congresos.
