BURGOS. Fuentes de la empresa propietaria han insistido en que la planta no cierra por razones técnicas ni políticas, sino meramente económicas, al no poder soportar la nueva tasa que tramita estos días el Parlamento y que, salvo cambios, supondría para Garoña el pago de 153 millones de euros al año si se encuentra operando el 1 de enero de 2013.
De hecho, Nuclenor emitió un comunicado este viernes, 14 de diciembre, en el que advertía de que el pago de la tasa llevaría a la planta a la disolución y un procedimiento concursal.
No obstante, en ese mismo comunicado apuntan que el "cese definitivo" dejaría de serlo si se anula la tasa sobre el combustible de la planta.
Incluso, el presidente del comité de empresa de Garoña, Alberto César González, ha asegurado que incluso después de que se retire todo el combustible del reactor, un proceso que culminará el próximo fin de semana, el proceso sería "reversible" y bastaría con devolver las barras de uranio al núcleo para poder volver a producir energía.
Garoña, que comenzó a funcionar en 1971, tiene permiso para seguir operando hasta el 6 de julio de 2013, en aplicación de una orden ministerial de cierre, aunque la empresa propietaria ha tenido ocasión de solicitar la anulación de esa orden y una prórroga hasta 2019.
Siempre por razones económicas, Nuclenor dejó pasar el plazo que había concedido el Gobierno actual para solicitar la prórroga, que finalizó el 6 de septiembre pasado, y tampoco aprovechó la posibilidad de pedir más tiempo para plantear esa solicitud, que expiró el 6 de octubre.
El argumento de la empresa propietaria de Garoña era el elevado coste de las mejoras que debían llevar a cabo para seguir operando, según las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear, que se elevaba a más de 140 millones de euros, aunque sobre todo la incertidumbre sobre la aplicación de nuevas tasas e impuestos, agravada ahora por la tasa que tramita el Parlamento sobre el combustible de la planta.
