Apenas restan 72 horas para que Caja Laboral Ipar Kutxa sea una realidad como entidad financiera resultante de la fusión entre las cooperativas de crédito Caja Laboral Popular e Ipar Kutxa anunciada el pasado 20 de marzo que, a partir del jueves, refuerza su posicionamiento estratégico en el mercado financiero y, en cierta manera, se blinda ante posibles nuevos movimientos u operaciones en el sector alentadas por el Banco de España que quiere instituciones con mayor tamaño. Pero, sobre todo, merece destacarse que se trata de un proyecto de economía social orientada a proveer de servicios financieros a los mercados en los que opera y lo hace como un modelo alternativo al existente en el actual proceso de bancarización del sistema financiero español.

Las dos entidades, que cuentan con elevados niveles de capitalización, solvencia y liquidez, se han marcado como objetivo "convertirse en un agente activo para la recuperación económica" basado en la cercanía y proximidad con el cliente. Apoyando estos objetivos, es conveniente rescatar las declaraciones José Mari Aldecoa cuando era presidente de la Corporación Mondragón, grupo en el que está integrada Caja Laboral, en ellas calificaba como "complementarias" a las dos entidades, cuya fusión dará lugar a un proyecto "más potente y adecuado para el futuro" que será "interesante para todas las partes".

El proyecto no sólo cuenta con las buenas palabras de sus responsables. También las cifras hablan en su favor. Así, los principales parámetros de gestión de ambas entidades, medidos en términos de solvencia, liquidez y morosidad, se encuentran entre los mejores del sector, y con ellos se pretende impulsar un proyecto arraigado en el territorio y comprometido socialmente.

Como resultado de esta operación, la nueva entidad, que gestionará unos activos totales superiores a los 25.000 millones de euros, se conforma como la segunda entidad financiera del País Vasco y segunda cooperativa de crédito en el Estado, reforzando considerablemente su posición en los territorios de Bizkaia y Araba.

La suma de ambas cooperativas permitirá alcanzar cuotas de mercado significativas en el panorama bancario vasco y navarro. Más de 750.000 vascos serán ya clientes de la cooperativa, cifra que superará las 110.000 en el caso de Navarra. El total de clientes, incluyendo el resto de comunidades en las que Caja Laboral ya opera, superará la cifra de 1.300.000.

La cooperativa cumplirá con todos los requerimientos de solvencia tras hacer frente, durante este ejercicio, a la totalidad de las dotaciones resultado de la normativa española, además de incrementar las referentes a su cartera de empresas y particulares y dotarse de un notable fondo de cobertura genérica.

En lo relativo a la eficiencia, se situará también por debajo del 50% debido a que los gastos de administración, asumidos los planes de dinamización de la plantilla y el redimensionamiento de la red de oficinas, se beneficiarán de las sinergias derivadas de la alianza. No obstante, la integración supondrá el cierre de algunas sucursales y un ajuste laboral no traumático que, según las dos cajas, se limitará a las prejubilaciones.

Se trata de una buena noticia en medio del caos pesimista y deprimente en el que se mueve la economía española que esta semana ha conocido nuevos y demoledores datos. Es el caso de la destrucción de empleo, que afecta gravemente a la estructura ósea de los sectores productivos vascos. Es, sin duda, el peor de los escenarios posibles en el que del 15% de la población activa no tiene trabajo en Euskadi, lo que hace más urgente si cabe un gran acuerdo entre los partidos políticos para consensuar una estrategia que permita frenar esta sangría.

Lo contrario, es decir, condicionar la lucha contra el paro y el empobrecimiento a otros objetivos, será una grave irresponsabilidad. La sociedad necesita percibir que, junto a la austeridad presupuestaria, se plantean ideas que conduzcan al crecimiento económico. No es posible ganar credibilidad ante la ciudadanía con noticias que sólo hablan de las pérdidas millonarias (más de 10.000 millones de euros en 2012) en la nacionalizada Bankia, mientras los desahucios aumentan día a día y los responsables de semejante desaguisado disfrutan de una pensión dorada.

Tampoco es de recibo que las previsiones del Gobierno Rajoy para elaborar los Presupuestos de 2013 contemplen una caída del 0,5% del PIB, en tanto otras instituciones como Funcas (Fundación de Cajas de Ahorro) o el FMI estiman que el descenso de la economía española puede llegar al 1,5%. Claro que ahí están los responsables del Gobierno Rajoy para restar importancia a esos cálculos con frases como "lo que dice el FMI no está escrito en bronce", pronunciada por el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Nadie va a negar la gravedad de esta crisis y la dificultad para encontrar la salida del túnel. A estas alturas nadie espera, ni sueña, fórmulas mágicas. Sin embargo, es exigible un mínimo de seriedad y honestidad entre quienes están llamados (por las urnas) a buscar soluciones o, cuando menos, tratar de hacer bien las cosas. La persistencia de datos negativos y la experiencia que han vivido otros países (Grecia y Portugal) evidencian que las medidas tomadas hasta la fecha no sólo han sido ineficaces sino contraproducentes para la sociedad que sufre las consecuencias de la avaricia y desmesura de quienes han provocado el caos y siguen acumulando riqueza.