madrid. La guerra abierta apenas disimulada entre los ministros de Hacienda y Energía por la reforma energética parece haber tocado a su fin con el Consejo de Ministros de ayer que zanjó la disputa aprobando una tasa a las compañías eléctricas y el céntimo verde al gas natural, entre otras medidas.
Cristóbal Montoro se lleva al gato al agua frente a José Manuel Soria, quien había apostado por una subida de impuestos al sector eléctrico que, unida a la subida del precio de la luz, debía acabar con los 24.000 millones de déficit de tarifa acumulado en la última década. La propuesta incluía un impuesto del 4% a las térmicas, del 11% a la generación eólica y otro del 19% a la fotovoltaica y del 13% a la termosolar. Nucleares e hidráulicas también tendrían su propio gravamen (10 y 15 euros por megavatio/hora). En total, pretendía recaudar 6.800 millones de euros al año y compensaba a las eléctricas con concesiones más amplias.
Montoro, cuyos lazos pasados y familiares con empresas no energéticas con negocios en el sector son conocidos, impone su criterio y penaliza a las productoras de energía que se ven en el dilema de asumir el coste o repercutir parcial y gradualmente al consumidor. La experiencia de los últimos años invita a pensar que será esto último lo que finalmente ocurra, acompañado del cierre de centros de producción eléctrica y, por tanto, más parados en la cola del desempleo. Y pese a ello parece difícil que se recaude lo estimado por el Gobierno, por lo que además de no atajar el déficit de tarifa este seguirá creciendo.
