VITORIA. Tras asestar un hachazo a sus ingresos con una fuerte rebaja de subvenciones, el Gobierno del PP prepara un golpe directo al corazón de los sindicatos tras anunciar que 6.000 liberados del sector público tendrán que volver a trabajar en octubre. Los liberados forman la vanguardia del ejército sindical, sus unidades más audaces, vitales en momentos de gran actividad, como los que se presentan este otoño. Se calcula que el total, en el Estado español, se sitúa entre 15.000 y 20.000, de los que más de 10.000 corresponden a la Administración. En el sector público de la CAV hay cerca de 500 liberados, pero no hay datos acerca de las empresas privadas.
Conocer exactamente la cifra de liberados sindicales es prácticamente imposible por la naturaleza de este cargo. El número de representantes sindicales en una empresa depende del número de trabajadores y, a su vez, el número de representantes determina la proporción de liberados. Por ejemplo, a una empresa de entre 250 y 500 empleados le corresponden dos liberados por cada 13 delegados, pero esta proporción varía en la práctica, ya que los propios delegados cuentan con un número de horas libres al día, que también varía en función del tamaño de la empresa, para cumplir con su quehacer sindical. Estas horas se suelen ceder a una persona para que esta acumule las suficientes para liberarse toda la jornada.
El total de representantes sindicales en el Estado ronda los 350.000 -CC OO cuenta con unos 130.000 y UGT con 120.000-, mientras que en la CAV hay cerca de 20.000 delegados, la mayoría, el 40%, de ELA. Pero a partir de ahí la ecuación se vuelve difusa. La patronal española elaboró un informe sobre los liberados en el sector privado, dando una cifra cercana a 4.200 que, según la CEOE, suponía un coste para las empresas de 250 millones de euros anuales en salarios. Suponiendo que estos datos sean veraces, la incógnita surge en el sector público. CC OO y UGT han explicado que cuentan con 8.000 liberados a jornada completa, más los 2.000 con los que cuenta CSIF -central exclusiva del ámbito público-, lo que daría al menos 10.000. A estos habría que sumar los liberados por acumulación de horas de otros compañeros, de los que no hay datos.
Si a esta incógnita se añade que las distintas administraciones autonómicas pueden pactar con sus sindicatos el número de representantes que corresponden por trabajador, el total de liberados en el Estado español queda situado en una horquilla de entre 15.000 y 20.000, más de 10.000 del ámbito público. Medios de comunicación afines al Gobierno popular abren bastante más el abanico hasta registros de 40.000 y 50.000 personas.
Todos ellos cobran de la empresa o de las arcas públicas, pero trabajan para su organización. ¿Tienen privilegios? En realidad, los recortes y las bajadas de sueldo les afectan como a todos, pero el Estatuto de los Trabajadores sí les concede prioridad respecto a otros compañeros a la hora de mantener el empleo en caso de despido colectivo u otras medidas de regulación. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha anunciado que obligará a volver al trabajo en octubre a 6.000 liberados de la Administración, lo que supone más de la mitad de los 10.000 que hay contabilizados si se descuentan las liberaciones por acumulación de horas, argumentando que el Estado en su conjunto podrá ahorrar así 250 millones.
HUELGAS La nueva regulación se activará después del verano, precisamente en la antesala de un periodo que se prevé de gran actividad en el terreno sindical tras los recortes anunciados en julio. En Euskadi ya hay convocada una huelga general en septiembre y las centrales estatales no descartan hacer lo mismo antes de fin de año. De momento, el PP ya ha pedido una relación de sus liberados a algunos sindicatos para determinar de cuántos deben prescindir, han informado a este periódico fuentes de CSIF, una de las organizaciones más perjudicadas al recaer buena parte del ajuste sobre la Administración General del Estado, que pasará de 3.000 a poco más de 1.000 liberados para generar un ahorro de 50 millones -muchos de los liberados de la Administración española no tienen sustituto, de ahí que el ahorro previsto sea menor-.
Los otros 200 millones de ahorro provendrán de los otros 4.000 sindicalistas que se suprimen, que en principio saldrán de las administraciones autonómicas. Esto puede suponer un nuevo punto de fricción con las autonomías que no controlan los populares, ya que la regulación de los liberados corresponde a las propias comunidades.
En la CAV hay unos 400 liberados a tiempo completo en el Gobierno vasco, y otro medio centenar en las diputaciones y ayuntamientos de las tres capitales, a los que habría que sumar los de la administración general. Igor Eizagirre, de ELA, sindicato mayoritario en la función pública vasca, cree que la reducción de liberados que planea el PP "es un ataque a la defensa colectiva de los trabajadores". "El ahorro es solo la excusa: se trata de seguir centralizando la negociación colectiva y acabar con las diferencias de Euskal Herria. ELA va a exigir a las administraciones vascas que mantengan los acuerdos firmados", afirma Eizagirre.
"defendemos a todos" Quienes empeñan toda su jornada en defender a los trabajadores cuentan con cierta fama de privilegiados y de trabajar poco pero, ¿qué hace realmente un liberado sindical? Marina Aparicio es liberada de UGT-Euskadi en la Administración del Estado y recuerda que los liberados "defendemos a todos los trabajadores, no solo al afiliado". "Canalizamos conflictos, cubrimos necesidades formativas, apoyamos a los delegados, nos ocupamos de los servicios jurídicos, de las circulares internas, de las negociaciones en las mesas... Trabajamos 24 horas al día", afirma.
"Los sindicatos son instrumentos indispensables en una democracia que quedan recogidos en la Constitución, pero el PP está empeñado en que desaparezcamos", afirma, convencida de que el recorte persigue otros fines además de reducir el gasto. "Es un golpe directo a la línea de flotación de los derechos de los trabajadores. Si no estamos, no vamos a poder atender al trabajador. El sindicato va a quedar tocado", zanja.
"El ahorro es solo la excusa, se trata de seguir centralizando la negociación colectiva"
Igor Eizagirre
Responsable de Servicios Públicos de ELA
"Es un golpe directo a los derechos del trabajador; el sindicato va a quedar tocado"
marina Aparicio
Liberada de UGT-Euskadi
Los liberados
l ¿Qué son? Son trabajadores del sector público o privado que defienden los intereses de sus compañeros pero se diferencian de los delegados en que disponen de horas libres de su jornada laboral para ello. Algunos liberados disponen solo de unas horas a la semana y otros de toda la jornada.
l ¿Cuántos hay? El total de liberados en el Estado español a jornada completa se sitúa entre 15.000 y 20.000. Unos 4.200 están en el sector privado, según la CEOE. Conocer el número exacto en el ámbito público es casi imposible. Se calcula que hay 10.000 institucionales -a tantos funcionarios, tantos liberados a jornada completa-, pero la cifra es mayor si se tiene en cuenta que liberados a los que les corresponden menos horas se las suelen ceder a otros para que acumulen toda la jornada.
l ¿Tienen ventajas? Tienen preferencia de permanencia en la empresa en caso de despido colectivo por causas económicas, y otras garantías reguladas en el Estatuto del Trabajador para no ser discriminados por el ejercicio de sus labores.
l ¿Qué hacen? Apoyan a los delegados, en especial en aquellas empresas con escasa representación, negocian acuerdos con las empresas e instituciones, hacen labores administrativas para el sindicato y en general prestan asistencia a afiliados y trabajadores.
La cifra
250
l Millones. Prevé ahorrar el Estado al suprimir 6.000 liberados sindicales en las administraciones públicas.