El plan antifraude obligará a los titulares de cuentas en el extranjero a informar a Hacienda

Esta obligación afectará tanto a titulares como a beneficiarios o a aquellos que figuren como autorizados o con poderes en estas cuentas, detalló Montoro en el Congreso de los Diputados durante su defensa de las diversas medidas tributarias o administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.

En cuanto a la regularización de rentas ocultas, el ministro hizo hincapié en que "no es una amnistía fiscal", sino "un gravamen sobre activos que están ocultos y cuyo afloramiento será positivo para normalizar la actividad económica en nuestro país" y luchar contra la economía sumergida.

Las rentas no declaradas que afloren antes del 30 de noviembre (la denominada amnistía fiscal) pagarán un gravamen del 8% o del 10%.

Recordó que por primera vez en España se va a limitar el pago en efectivo a partir de los 2.500 euros tanto en operaciones mercantiles como de personas físicas con mercantiles.

Según Montoro, "hay que elegir entre las opciones de recaudación en una situación excepcional" como el actual y el Gobierno ha elegido los instrumentos menos perjudiciales para el crecimiento económico, evitando así el uso de otros que dañarían el consumo y la demanda interna, como sería el caso de la subida del IVA.

De hecho, el ministro expresó su "sorpresa" por la "simpleza" de los argumentos que -tanto dentro como fuera de España- abogan por la subida de este impuesto, cuando todas las previsiones apuntan a una caída del consumo, recordó. "Si no es que esta propuesta se hace para profundizar en la crisis", ha sugerido Montoro.

En cuanto a las modificaciones que se introducen en el impuesto de Sociedades, recalcó que "no estamos en una subida del impuesto que grava el beneficio", sino ante el cambio en la forma de liquidación y el fraccionamiento de pagos.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, dijo por su parte que la mayoría de las medidas del plan contra el fraude que aprobará hoy el Consejo de Ministros entrará en vigor el 1 de enero de 2013, excepto la limitación de 2.500 euros para el pago en efectivo, que lo hará "lo más rápido" posible.

Por su parte, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que el Gobierno debería suscribir acuerdos con la banca privada y con las entidades emisoras de tarjetas para controlar las "cuentas opacas" de los contribuyentes en el extranjero.

Gestha señala que acuerdos de este tipo permitirían identificar a aquellas personas que utilizan habitualmente tarjetas de crédito o débito en España cuyos cargos se pagan contra cuentas bancarias situadas en el extranjero. Según el sindicato, con esta información se podría seguir el rastro de los titulares autorizados, las cuantías gastadas y la naturaleza de los movimientos efectuados con las tarjetas.