La desarmonización, un término que ocupa titulares en las últimas semanas, significa que todos los vascos no pagarán los mismos impuestos. Unos lo harán en mayor cuantía y otros en menor, en función de dónde residan. Las diferencias ideológicas de los gobiernos de las tres diputaciones y su falta de entendimiento en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) han creado un escenario en el que los contribuyentes de uno y otro territorio tributarán de forma distinta en 2012. Aunque el debate en las Juntas limará las diferencias de los proyectos presentados y suavizará la desarmonización, los contribuyentes guipuzcoanos estarán sometidos a una mayor presión fiscal que vizcaínos y alaveses. La caída de la recaudación está poniendo en jaque a las Administraciones, también a las vascas, que hasta la fecha han aguantado las apreturas de la crisis mejor que en el resto del Estado. Sin embargo, la falta de recuperación económica, la atonía del consumo y la amenaza de una posible recesión en 2012 han motivado movimientos en fiscalidad para consolidar los ingresos y mantener los servicios básicos, que según coinciden los diferentes Ejecutivos, difícilmente se podrán afianzar con los ingresos actuales.

El objetivo de todos es el mismo: que haya leche para todos, pero sin dejar la vaca seca. Pero en este camino de replanteamiento fiscal en el que coinciden todos, el mapa político vasco, más variado que nunca, ha resultado un obstáculo que conlleva riesgos. Bildu en Gipuzkoa, PNV en Bizkaia, PP en Araba y PSE en el Gobierno Vasco han conformado un puzzle en el que no han podido encajar todas las piezas. Se han topado dos formas de entender la fiscalidad. Una, que defienden en Bizkaia y Araba, algo más laxa. Defiende la idea de que menos impuestos dejarán más dinero en manos de los contribuyentes (personas físicas y empresas) y así estos generarán más inversión, consumo y, en definitiva, ingresos. La otra, defendida por Gipuzkoa y con el refrendo del Gobierno Vasco, considera que subiendo los impuestos, se recauda más. La relación causa-efecto se visualiza fácilmente.

La propuesta de la Diputación de Gipuzkoa acentúa la progresividad del sistema. Comienza exigiendo un mayor esfuerzo desde un umbral medio-bajo, a partir de los 20.000 euros de base liquidable, en donde la subida de los impuestos es menos perceptible, pero va creciendo de forma importante y termina ejerciendo cargas apreciables para las rentas más altas, además de recuperar el Impuesto de Patrimonio que con leves diferencias aplicarán las tres haciendas -con efecto retroactivo y fecha de devengo a 31 de diciembre-y que también supondrá una aportación extra para aquellos que más tienen.

Tras el fracaso en el acuerdo entre diputaciones, la negociación en las respectivas Juntas Generales y el efecto armonizador que pueda ejercer el PSE-EE, sobre todo en Gipuzkoa, es la única herramienta que queda para que la diferencia de lo que paga un guipuzcoano, un vizcaíno y un alavés sea lo menor posible. La clave está en que Bildu necesita el apoyo del PSE para llevar a cabo su reforma fiscal y a tenor de las propuestas de unos y otros, el acuerdo parece fácil. Y pasa porque la Diputación acepte minorar la presión fiscal ligeramente en algunos aspectos, lo que de hecho supondría un efecto armonizador que reduciría las diferencias con los otros territorios cuando en 2013 los contribuyentes hagan las cuentas de 2012. A día de hoy, las diferencias principales están en el IRPF. Para empezar, quienes tengan rentas altas, de entre 90.000 y 175.000, tendrán tramos nuevos que podrían llegar al 50% de tipo marginal, mientras que en Bizkaia y Araba seguirán tributando a un máximo del 45%.

Pero la presión aumentará para todos y afectará desde la base del ahorro, hasta las herencias, pasando por las EPSV, y las donaciones. Por poner un ejemplo, un contribuyente guipuzcoano que herede en 2012 por valor de 300.000 euros, tendría que pagar a Hacienda, si se aprueba la propuesta de la Diputación, 1.200 euros. Es decir, el 1,5% de los 80.000 euros que exceden del máximo exento, fijado en 220.000 euros. Por contra, un vizcaíno y un alavés seguirían sin pagar nada.

La propuesta socialista se encuentra, en la mayoría de casos, en un punto intermedio entre unos y otros. El plazo de enmiendas en Gipuzkoa finaliza el próximo lunes. Diciembre será un mes de negociación. Fecha límite: el día 31.