vitoria. Tal vez con un discurso más voluntarioso que realista, el diputado general de Álava, Javier de Andrés, retomó ayer el espinoso asunto de las llamadas vacaciones fiscales -ayudas económicas concedidas en los años 90 a unas 300 empresas vascas y que ahora han de devolver a la Comisión Europea por ser consideradas ilegales-, para lanzar al Gobierno Vasco de forma unilateral una propuesta que palíe las consecuencias que esta decisión va a tener entre las compañías alavesas afectadas. Aunque no existe un censo oficial, se calcula que la cifra oscila entre las 60 y 70, algunas de las cuales tendrán que echar la persiana irremediablemente, como confirmó a este periódico el diputado de Economía y Hacienda, José Zurita.
La solución a este "problemón", adelantó ayer De Andrés durante la comisión de Hacienda, sería la creación de una suerte de fondo de apoyo empresarial donde el Ejecutivo vasco inyectaría los 150 millones de euros que las tres diputaciones vascas acordaron entregarle el año que viene en concepto de ayudas fiscales y en virtud de la Ley de Aportaciones, que obliga a cada territorio a devolver el 70% de lo ingresado. De esta cantidad, a Álava le corresponden pagar 54 millones de euros.
La propuesta popular, que no se sabe si cuenta con el respaldo de las diputaciones hermanas ni de la consejería que dirige Carlos Aguirre, aspiraría, en palabras del propio diputado general, "a poner de nuevo en circulación ese dinero para generar empleo y actividad, ya que la situación en la que se van a quedar muchas empresas va a ser dramática", explicó De Andrés.
Aunque podría tratarse de una propuesta cargada de lógica, la situación es bien distinta. Y es que si hasta la fecha, y han sido unos cuántos, los diferentes autos judiciales emitidos al respecto siempre han resultado favorables a las tesis e intereses de la Comisión Europea, no parece muy de recibo que esta vez se acepte por parte de la CE este tipo de propuestas para devolver a las empresas de forma indirecta lo que esta misma Comisión les está obligando a pagar.
Ley de Aportaciones Durante su comparencia de ayer para explicar con detalle los acuerdos alcanzados en el último Consejo Vasco de Finanzas, De Andrés lanzó otro mensaje al Gobierno Vasco respecto a la Ley de Aportaciones, cuya prórroga obligará a la Diputación a llevar a cabo un "esfuerzo presupuestario" considerable el año que viene cuando no se están teniendo en cuenta una serie de variables que también lo están distorsionando. Y se refirió De Andrés a la Ley de Dependencia, cuyas consecuencias económicas no estaban recogidas ni previstas cuando se firmó en 2006 la Ley de Aportaciones. En este sentido pidió Álava al Gobierno que tenga "muy en cuenta" esta cuestión y "actúe en consecuencia".
