vitoria. Primero fueron las protestas frente al Juzgado; más tarde ante el Ayuntamiento y la sede de la patronal SEA; hubo incluso una manifestación conjunta con la plantilla de Daewoo (147 despidos) por las calles de Vitoria; y hasta se elevó la protesta ante la vivienda de los propietarios de la histórica compañía, los hermanos Emparanza. Pero poco más que eso. Mucho ruido y escasas opciones de recuperar la actividad en Esmaltaciones San Ignacio y sus 89 puestos de trabajo. Por si fuera poco, el Juzgado dio vía libre el pasado lunes a la liquidación de la compañía, desoyendo la opinión de los trabajadores, que insisten en ser víctimas de un "fraude empresarial en toda regla".

En vista del desamparo empresarial, político y judicial, la plantilla aprovechó ayer una reunión en la fábrica de Jundiz entre la dirección, los administradores concursales y el comité de empresa para volver a movilizarse y tratar de acceder al reciento industrial para manifestar su recelo ante el cierre y exigir el pago de los salarios atrasados (2/3 de la nómina de julio más las de agosto y septiembre).

A media mañana, aprovechando la salida de un tráiler de las propias instalaciones, los casi 80 trabajadores apostados trataron de superar la verja y el control de seguridad aunque sin éxito, ya que una dotación de la Ertzaintza aviasada por la dirección evitó el asalto. Los forcejeos y empujones que se vivieron en el exterior provocaron entonces varios minutos de tensión. Mientras tanto, en las oficinas, representantes del comité asistían a una defunción agónica de la compañía, motivo por el cual, los cinco portavoces sindicales decidieron encerrarse en el interior. Su medida de protesta se alargó durante casi siete horas, hasta que otra dotación de la policía autónoma les obligó a salir de la sala en la que estaban recluidos. A esta medida de protesta le seguirán desde hoy nuevas concentraciones frente al Juzgado, la oficina de uno de los administradores e incluso la vivienda de uno de los propietarios de Esmaltaciones. A la espera de que los diferentes recursos que tanto la plantilla como el Ayuntamiento han presentado ante el auto de la jueza de lo Mercantil, la plantilla continuará denunciando públicamente las "irregularidades" que la dirección ha llevado a cabo para "disfrazar una deslocalización con graves pérdidas empresariales", denunció ayer Bixen Fernández, de LAB. "Queremos volver a trabajar y estamos seguros de que hay trabajo, pero no se puede consentir que esta gente destruya empresas para llevárselas a otro lugar cuando ha recibido tantas ayudas de su entorno", concluyó Fernández.