MADRID. En concreto, el sector en pleno pide al Ejecutivo que negocie con los grupos parlamentarios la introducción de una enmienda, aprovechando la aprobación de una próxima ley, al objeto de revocar los cambios normativos introducidos en la relación entre fabricantes y concesionarios que ha desatado la 'guerra' en el automóvil.

Por su parte, el Ministerio de Industria mantiene su compromiso de presentar antes de tres meses el anteproyecto de Ley de Contratos de Distribución, que se convertirá en el nuevo marco jurídico para arbitrar las relaciones entre concesionarios y marcas. Entretanto, el Departamento que dirige Miguel Sebastián presentará un código de conducta para dirimir posibls divergencias.

El conflicto surgido en la automoción tiene su origen en la aprobación en el Congreso, con el apoyo de PP, CiU y PNV, de una enmienda a la Ley de Economía Sostenible que establecía un nuevo marco regulatorio para las relaciones entre fabricantes y concesionarios.

Entre otros aspectos, esta norma obligaba a los fabricantes a recomprar a los concesionarios los automóviles no vendidos en sesenta días. Además, en caso de resolución de contrato, las marcas tendrían que indemnizar a los concesionarios por inversiones no amortizadas o 'stock', entre otros aspectos.

La aprobación de esta norma provocó una dura reacción de los fabricantes que, a través de la patronal Anfac, amenazaron con revisar las inversiones comprometidas y futuras en las fábricas españolas.

El ministro Miguel Sebastián convocó la pasada semana a fabricantes y concesionarios, en reuniones independientes, y ha ejercido como mediador en el conflicto, que finalmente queda zanjado con el acuerdo alcanzado entre todas las organizaciones sectoriales, tras una reunión maratoniana en la sede de Industria.