madrid. La exposición total de las cajas de ahorros españolas al sector inmobiliario y constructor ascendía al cierre de 2010 hasta los 217.000 millones de euros, según los datos dados a conocer ayer por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

El gobernador hizo públicas estas cifras durante una comparecencia en la que explicó el real decreto-ley aprobado el pasado viernes, que exige a las entidades cotizadas un capital principal del 8% o del 10%, en el caso de aquellas que no coticen, que superen el 20% de financiación mayorista y no hayan colocado al menos un 20% de sus acciones entre terceros.

Según los datos del Banco de España, del total de la exposición de las cajas de ahorros al sector inmobiliario y constructor (217.000 millones de euros), 173.000 correspondían a inversión crediticia, que representa el 18% del total del crédito concedido por estas entidades.

Además, otros 44.000 millones correspondían a inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas. La inversión potencialmente problemática, es decir los créditos dudosos, suponían 100.000 millones de euros.

El gobernador destacó que las entidades españolas han realizado un ejercicio extraordinario en transparencia, ya que han facilitado datos muy detallados sobre su situación individual en las últimas semanas. Añadió que adicionalmente al esfuerzo de transparencia, las entidades han llevado a cabo un saneamiento de los activos gracias a la política de provisiones aprobada por el Banco de España, con la que se ha garantizado que las cajas cuenten con un nivel considerable de cobertura de sus riesgos.

Las cajas de ahorros tienen reconocido como inversión potencialmente problemática un porcentaje muy alto de su inversión crediticia en el sector inmobiliario y constructor, el 46%. Además, el 100 % de las pérdidas incurridas están ya cubiertas con provisiones.

El balance de la reforma del sistema financiero arroja unos datos impresionantes en cuanto a ayudas públicas se refiere. Según Ordóñez, en total, la reestructuración de las cajas (un proceso que aún no ha terminado), ha consumido ya 11.559 millones de euros en ayudas públicas.Las ayudas se canalizaron a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), creado tras la intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM). El FROB se financia sobe todo con cargo a los Presupuestos del Estado.