Inmersos en la vorágine de la crisis, y ante las medidas gubernamentales adoptadas para afrontar la falta de confianza, asistimos atónitos al desmantelamiento apresurado del sector de cajas de ahorros. Más del 50% del sistema financiero español está en estos momentos forzado a desaparecer como un agente más responsable de la crisis de confianza de los mercados internacionales sobre la deuda española. La acción del Banco de España y el Gobierno español induce a la desaparición de las cajas de ahorros como entidades de fundación pública, sin ánimo de lucro y de carácter social. Estas entidades se diferencian del resto por destinar en torno al 25% de sus beneficios a favor de toda la ciudadanía, sin exclusiones. De este modo, quedan solo los bancos, sociedades anónimas, como dominadores en exclusiva de la intermediación financiera y prestación de servicios.

La preocupación entre los dirigentes de las cajas, ante el anuncio por parte del Gobierno de las últimas medidas restrictivas es compresible. El hecho de que las cajas que no se conviertan en bancos no puedan abrir oficinas fuera de su territorio de origen ha sido la gota que colma el vaso.

Resulta conocido que la pugna entre cajas de ahorros y banca viene de lejos. El fenómeno se manifiesta con claridad a raíz del proceso liberalizador de finales de los setenta, donde se asentaron las bases para la "nivelación del terreno de juego". Ello supuso la supresión de gran parte de las trabas impuestas a las cajas de ahorros hasta entonces, permitiéndolas abrir oficinas fuera de su región de origen, descontar letras de cambio y otros efectos y eliminar los coeficientes de inversión obligatoria. De este modo se equipararon las cajas de ahorros y la banca.

Las cajas, muy enraizadas y vinculadas con su territorio, han ganado a la banca cuota de mercado de forma ininterrumpida y constante, alcanzando niveles superiores al 50%, tanto en el ahorro captado como en el crédito concedido por los particulares en sus diversas modalidades, muestra de su elevado nivel competitivo. Antes de la última crisis, y debido a los reducidos tipos de interés (nominales y reales) y la subida constante del precio de las viviendas, es innegable que algunas cajas de ahorros concentraron riesgos excesivos en el sector de vivienda, especialmente en los préstamos de promoción. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en sus balances figuran inmuebles cuyo valor contable es mayor que el valor de mercado, debiendo de efectuar elevadas dotaciones y saneamientos. Este comportamiento, sin embargo, no es extensible a todas ellas, ya que otras cajas (las vascas entre ellas) han sido bien gestionadas, son competitivas, eficientes, solventes y no han incurrido en concentraciones de riesgos sectoriales peligrosas.

En la actualidad tras la profunda crisis del sistema financiero español se ocultan no obstante, movimientos de fondo que obedecen a intereses, no siempre explicitados, que es preciso aclarar. En primer lugar la revolución normativa (que algunos autores han denominado como una nueva desamortización), se justifica por la falta de confianza en la deuda soberana española. Es entendible que el crecimiento del gasto público, poco acertado en sus objetivos, en ocasiones electoralista y tratando de compensar la menor actividad privada, haya elevado el déficit público español hasta límites extremos superando 10% del PIB. Para financiarlo es preciso recurrir a los mercados internacionales. De este modo, según datos del tercer trimestre de 2010 del Banco de España, la deuda externa española supera los 1,76 billones de euros, es decir el 167% del PIB. De esta cantidad, corresponde a las administraciones públicas 308.036 millones de euros, en torno al 17,4%. Es entendible, asimismo, que la responsabilidad de esta circunstancia descanse en exclusiva en el poder ejecutivo.

Ahora bien, no es menos cierto que la desconfianza viene generada también por la deuda privada, de cuyo importe total (1,2 billones) el 62% corresponde a bancos y cajas de ahorros y el resto (38%) a familias y empresas. De ahí que la banca también esté detrás de una parte importante de la falta de confianza de los inversores extranjeros. Este hecho se asocia, entre otros, a la falta de transparencia de los balances que se hacen públicos y la incertidumbre sobre el nivel de activos tóxicos incluidos en sus estados contables.

Por otro lado, como tercer elemento, llama también poderosamente la atención el papel desempeñado por el Banco de España, impulsor de la extinción de las cajas ahorros, quien se postula ante la opinión pública como salvaguarda del interés general. Se obvia, sin embargo, el hecho que dentro de sus responsabilidades se halla la supervisión y vigilancia prudencial de la actuación de los bancos y cajas de ahorros, contando para ello con amplios poderes coercitivos para evitar las concentraciones excesivas de riesgo como las habidas en algunas entidades financieras. El tercer ámbito de responsabilidad, por tanto, se relaciona con el incumplimiento de sus funciones primordiales del supervisor, por acción u omisión. El silencio sobre este tema es clamoroso. Todos estos datos evidencian que tras la crisis de confianza española hay que situar al menos tres grandes ámbitos de responsabilidad ajenos a las cajas de ahorros: La actuación imprudente del sector público, la corresponsabilidad de la banca, cuya deuda cotiza en los mercados internacionales, y la dejación de las responsabilidades de vigilancia de la autoridad monetaria y de las comunidades autónomas con competencias asumidas sobre esta materia, no hallando por tanto una relación exclusiva entre la citada falta de confianza y las cajas de ahorros.

En estos momentos el futuro de las cajas de ahorros se presenta sombrío, también el de las saneadas y eficientes, que viendo limitadas sus capacidades de expansión y de mantenimiento de negocio fuera de su territorio de origen y estar sometidas a distintos coeficientes discrecionales de solvencia, se convertirían en entidades de segunda división, sin futuro. Las menos afortunadas, tras un proceso de nacionalización a través del FROB, es posible que acaben en manos de algún inversor extranjero o un gran banco, tras su posterior salida a bolsa. De resultar cierto este hecho, me pregunto: ¿Dónde quedaría el interés general de ciudadanos en que han sustentado su actividad durante más de siglo y medio? ¿No sería más justo tener en cuenta los intereses de los minoristas potenciales? El retroceso para los ciudadanos resulta evidente y se traduce en que, tras la reconversión, habrá menor diversidad de entidades, menores niveles de competencia y se favorecerá la concentración y el control del sistema en manos de unos pocos. Ni qué decir tiene que en el nuevo escenario los niveles de cohesión social, vinculación al territorio mediante el apoyo a proyectos regionales, quedaría mermado en gran medida. Todo ello supone un gran paso atrás, nos retrotrae a una situación de hace 30 años, a una época previa a la liberación financiera ya citada.

Pero no todo son perjudicados, existen también claros vencedores. La desaparición de las cajas de ahorros como elementos de cohesión social y arraigo territorial, no solo elimina de un plumazo a un enemigo histórico para la banca, sino que constituye un botín, saneadas con fondos y ayuda pública, al que acceder a precio ventajoso, cuando se subasten en los mercados mayoristas. Así se reconoce ya públicamente, sin rubor, por los máximos mandatarios de la gran banca.

Esta situación también afecta a Euskadi. Sería aconsejable una estrategia común por parte de las cajas de ahorros bien gestionadas, que aún perduran, para seguir manteniendo sus rasgos diferenciales, carácter social y vínculo al desarrollo regional que las han hecho dignas de la confianza de la mayoría de las personas.

La regulación por parte de los gobiernos de sus sistemas financieros se han convertido en una de las llaves para consolidar un modelo social y económico con el que afrontar una globalización en la que la cultura y la identidad vasca pueden y deben tener su lugar. Y este lugar debe ser un espacio desde el que financiar las ideas y convertirlas en proyectos. Un espacio para exportar fuera de nuestras fronteras talento e innovación, porque las personas bien formadas constituyen el corazón de nuestro proyecto de vida político, social y económico.