Madrid. Los controladores citados ayer por la Fiscalía de Madrid se negaron a declarar, mientras el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunciaba que los que faltaron a sus puestos de trabajo los pasados días 3 y 4 se enfrentarán hasta a 8 años de prisión por un delito de sedición. La tesis del Gobierno es, no obstante, aplicar las máximas penas a los instigadores de la "huelga encubierta", es decir a lo que denominan como cúpula de los controladores, y ser más benévolos con quienes testifiquen contra ellos por considerar que se vieron "coaccionados" para respaldar esa acción.

Pero por el momento tal estrategia no está dando sus frutos. Los doce controladores que acudieron ayer a la Audiencia de Madrid citados a declarar por la fiscalía (todos destinados en los centros de control de Torrejón de Ardoz y de Barajas), se negaron a hacerlo. Argumentaron que se replantearán esa postura de silencio cuando sean citados por el juez que consideran competente, ya que entienden que tras la militarización del control aéreo y la declaración del estado de alarma no deben ser investigados por la jurisdicción ordinaria, sino por la militar.

Así lo explicó el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, que añadió que la Fiscalía, que no pidió medidas cautelares contra ellos, les aclaró que la jurisdicción ordinaria es la única competente por ahora, ya que los hechos por los que iban a ser preguntados son los ocurridos entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma.

Si los seis controladores citados para hoy y los ocho del lunes (la Fiscalía de Madrid tiene previsto investigar a un total de 175) mantienen la misma actitud, el ministerio público anunció que seguirá su investigación con la Policía para saber lo que ocurrió.

Por parte de los controladores quien habló fue el exportavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, quien reconoció que la reacción de sus compañeros provocando el caos aéreo fue "desmesurada", si bien insistió en que todas las partes, incluida AENA y el Ministerio de Fomento, tienen "una responsabilidad que tendrán que asumir". Cabo acudió a la Audiencia madrileña en apoyo a los doce confortadores y aclaró que hablaba a "título particular, puesto que el actual estado de militarización" les impide ejercer cualquier acción sindical. Insistió en que fue AENA y no ellos quien cerró el espacio aéreo, y aseguró que "el clima de agitación impedía a muchos trabajadores desempeñar su trabajo, pero había controladores para que los aviones hubieran podido seguir volando".

A su juicio, AENA "tomó esa decisión" de cerrar el espacio aéreo, por lo que, a su entender, "tendrá que explicar" por qué lo acordó así, del mismo modo que pidió que el Ministerio de Fomento explique por qué "lleva más de un año maltratando al colectivo y utilizando demagogias, diciendo que quiere negociar por delante y por detrás lo que únicamente hace es dictar decreto tras decreto".