bruselas. Los servicios de la competencia comunitarios quieren darle la puntilla final al expediente de las vacaciones fiscales vascas. La Comisión Europea tiene previsto pedir la próxima semana al Tribunal de Justicia de la UE que imponga una sanción al Estado por no recuperar todas las ayudas fiscales concedidas por las diputaciones vascas a empresas ubicadas en Euskadi en la década de los 90 y declaradas ilegales por Bruselas en 1999. Estas ayudas estaban supeditadas a la creación de un mínimo de diez puestos de trabajo y una inversión también mínima de 80 millones de las antiguas pesetas. Teniendo en cuenta el último precedente, el caso de Magefesa en septiembre de este año, la multa podría ser multimillonaria.

distorsiones de la competencia El pasado 20 de noviembre el Ejecutivo comunitario lanzó un ultimátum al gobierno español: o recuperaba todas las ayudas en forma de exención del impuesto de sociedades o pedirían la imposición de una multa hasta recuperar completamente la ayuda. Y es que, la entonces responsable de este expediente, la comisaria de Competencia, la holandesa Neelie Kroes, determinó que no se habían "restituido íntegramente" las ayudas concedidas en su día por las diputaciones de Álava y Gipuzkoa -Bizkaia insistió ayer que todas sus empresas están al día- y que la recuperación de esa ayuda era "esencial para limitar las distorsiones de la competencia en el mercado único". Pese a los meses trascurridos y al cambio de comisario en la cartera de competencia, curiosamente ahora es el vicepresidente Joaquín Almunia quien deberá concluir la tarea, el expediente ha seguido su curso y está a punto de llegar a un nuevo punto de inflexión. Bruselas considera que el Ejecutivo español no ha satisfecho sus exigencias y no ha recuperado todas las ayudas. Como se trata del segundo expediente tras un incumplimiento reiterado, la sanción puede consistir en una "multa diaria, el pago de una cantidad a tanto alzado o ambas". Bruselas ya pidió el pasado 30 de septiembre al Tribunal de Justicia que imponga una multa a España de 14.343 euros diarios por no haber recuperado las subvenciones concedidas en su día a la empresa Magefesa, y una segunda sanción de 131.136 euros por cada día que pasa desde que los jueces se pronuncien de nuevo hasta que se termine con la infracción. Sólo teniendo en cuenta la primera sanción el montante superaría los 45 millones de euros.