La política vasca atraviesa por un momento muy preocupante. No es un problema de mayorías parlamentarias o siglas de partidos. El problema reside en el uso y abuso de los conceptos e ideas que utilizan algunos políticos. Lo más llamativo no es la ignorancia de éstos o su incapacidad para interpretar correctamente datos y estadísticas, sino la falta de profesionalidad de quienes redactan sus intervenciones públicas. Un ejemplo lo tenemos cuando López afirmaba en el Parlamento que somos "deficitarios en nuestro saldo de la Seguridad Social". Argumentaba el déficit con un simplismo conmovedor: "En abril de 2010 el número de afiliados a la S. S. en Euskadi fue de 926.306 y el número de pensiones, 493.501. Es decir, 1,88 afiliados para pagar una pensión". Y agregaba que "los vascos en activo aportamos menos cantidad en cotizaciones de lo que los pensionistas están cobrando. Durante 2007 y 2008 el saldo negativo ascendía a unos 250 millones de euros anuales".
Sería interesante saber de dónde ha sacado esta última cifra porque los datos aportados por el Consejo Económico y Social Vasco (CES) en su memoria 2008 lo desacreditan. Pero vayamos por partes y puntualicemos dos aspectos fundamentales: cuantitativo y conceptual. La citada memoria del CES recoge en un cuadro (pág. 374) sobre el coste de pensiones contributivas vascas en 2007 que asciende a 5.699,30 millones; más adelante (pág. 375) otro cuadro señala la recaudación de cuotas de trabajadores y empresas en la Tesorería General que suma 6.165 millones, incluidas la parte correspondiente a las Mutuas (632 millones). Por tanto, parece que en 2007 no hubo déficit y difícilmente lo puede haber en el siguiente ejercicio.
En cualquier caso, si los ingresos fueran inferiores al coste de las pensiones, la situación en España no iba a ser mejor porque la proporción trabajadores/pensionistas es de 2 afiliados para pagar una pensión (dato del INE). Es decir ligeramente superior a la media vasca. El aspecto conceptual es más preocupante. López utiliza la premisa errónea del discurso neoliberal que pretende clasificar a la S.S. como un sistema cerrado y al margen del Estado. Es cierto que el Pacto de Toledo establece que las "prestaciones contributivas dependerá básicamente de las cotizaciones sociales", pero no se trata de aislar financieramente a la S.S. del Estado, sino que es un instrumento para la transparencia y eficacia de su gestión. No se puede aceptar que las pensiones deban ser financiadas exclusivamente con las cotizaciones. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos del estado de bienestar, también a las pensiones.
