BILBAO. Las diputaciones forales de la CAV han cumplido con los requisitos para recuperar las ayudas concedidas a las empresas con motivo de la aplicación de las conocidas como vacaciones fiscales de los años 90, declaradas ilegales al ser consideradas ayudas del Estado por los tribunales europeos, según fuentes forales, pero la Comisión Europea maneja un documento interno en el que insiste en solicitar documentaciones adicionales para confirmar la recuperación total y absoluta de las cantidades de las que pudieron beneficiarse las empresas vascas. De no ser satisfecha, sin más demora, antes de finales del mes de mayo, la Comisión amenaza con enviar el asunto al Tribunal de Justicia de Luxemburgo de cara a una hipotética implantación de sanciones económicas.

Fuentes de las tres diputaciones forales de la CAV han señalado que ya han remitido a Bruselas toda la información pertinente además de mostrar su plena disposición a aclarar las dudas que pudiesen surgir en torno a las liquidaciones efectuadas.

Entre ellas han surgido algunas relativas a la fórmula, simple o compuesta, utilizada para calcular los intereses acumulados desde que se hizo oficial la obligación de devolver las ayudas hasta la fecha de su devolución efectiva así como a las deducciones aplicadas, las legales en el seno de la UE en las fechas de autos, alternativamente a las aprobadas en su momento, de mayor cuantía, por las diputaciones forales y que posteriormente fueron declaradas no ajustadas a derecho.

Fuentes forales vascas insisten en que han remitido a Bruselas toda la información y que en los casos en los que pudiera haber discrepancia de criterios están a la espera de que los funcionarios comunitarios aclaren cuál es la normativa a aplicar.

Los servicios de la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea han analizado el nivel de recuperación de cada una de las medidas fiscales declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Justicia pero insisten en solicitar el importe exacto de la deducción aplicada a cada empresa en concreto. El citado Tribunal Europeo ya condenó al Reino de España en 2006 y 2007 por no haber ejecutado, en aquel momento, las decisiones de recuperación de las citadas ayudas vascas declaradas ilegales.

La Comisión Europea, enfrascada en este contencioso jurídico desde hace más de una década, ha planteado todas las medidas pertinentes para iniciar un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia Europeo y solicitar la imposición de sanciones si no se hubiesen cumplido todos los requisitos pertinentes por parte, en este caso, de las diputaciones forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. Repasando la historia hay que recordar que la denuncia contra las normas vascas, cuyas primeras medidas se aprobaron en 1993, partió en 1996 del Gobierno de La Rioja, por el caso Ramondín, y de Fagor, por la implantación de Daewoo, ambas en tierras alavesas. En el documento interno de la CE se cuestiona si cuando se aplicaron las deducciones retroactivas las diputaciones se basaron en las disposiciones originales de 1996 o en las disposiciones modificadas en 2005.