- Las principales asociaciones de productores de cine del país que conforman la Mesa Profesional del Audiovisual han firmado un comunicado conjunto en el que valoran “muy positivamente” los cambios para el sector que incorporan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, aprobados el pasado martes.

En la nota, remitida a Efe, los productores afirman que “los cambios permitirán al sector contar con un sistema más eficiente de incentivos y una mayor seguridad jurídica”.

“Ello ayudará al tan necesario incremento de la capacidad para generar más contenido propio, convertirá a España en un país competitivo para desarrollar coproducciones internacionales, generará empleo de calidad y de larga duración y dotará de más visibilidad a la cultura y al talento español, todo ello sin ningún coste adicional para las arcas públicas”, consideran.

Otro de los aspectos que destacan se refiere a la necesidad de adaptar la regulación de los incentivos al cine y televisión nacional “para que produzcan el efecto deseado con toda la intensidad posible y eficiencia”.

“Para ello -consideran- era necesario simplificar la relación entre los productores y los inversores fiscales, que son quienes cuentan con carga impositiva suficiente para ayudar a monetizar los incentivos fiscales en las producciones audiovisuales”.

Entre las ventajas, indican que “ya no será necesario participar utilizando vehículos como las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), que son altamente complejas y onerosas para las iniciativas independientes, las más necesitadas de esta financiación prevista por la ley”.

Y explican que, para tratar de solventar esta circunstancia, se ha implantado a nivel nacional el sistema vigente durante los dos últimos años en la Comunidad Foral de Navarra, por el que se habilita un sistema de contrato de financiación que simplifica la relación de los productores culturales con los posibles inversores.

De ese modo, se permite a éstos ser beneficiarios directos de las deducciones fiscales que corresponderían al productor. Este modelo, consideran, “logra aumentar la financiación disponible para los proyectos nacionales sin incrementar el coste de los incentivos para las arcas públicas ya que no se produce un incremento de la deducción aplicable”, sino que “simplemente se facilita que la deducción devengada la puedan aprovechar de manera directa los inversores fiscales”. También se refieren a la, hasta ahora, limitación en la aplicación de las deducciones al 25% de la cuota del Impuesto de Sociedades, “otro de los obstáculos con los que se encontraba una producción para atraer inversores”, y celebran el aumento del límite al 50% “lo que facilitará el proceso de búsqueda de financiación sin mermar los ingresos del Estado”.

Otro cambio que aplauden es el que afecta a los actuales certificados que acreditan la nacionalidad española y el carácter cultural de la obra -requisitos indispensables para ser beneficiario de los incentivos fiscales- ya que, a partir de ahora, tendrán carácter vinculante para toda la administración, incluida la tributaria.