La okupación es un movimiento cultural, social y político que reivindica, entre otras cuestiones, un derecho recogido en las constituciones de todos los países democráticos del mundo que se consideren con tales: el derecho del ciudadano al acceso a un bien tan fundamental como es la vivienda. Pero el movimiento okupa también reclama que a los inmuebles en desuso, que no se utilizan, se les dé un uso social. En ese sentido los centros sociales okupados son plataforma de un sinfín de actividades culturales, sociales? ofreciendo un valioso servicio a la comunidad dónde germinan y se desarrollan. Es necesario dejar claro que la okupación, como movimiento reivindicativo que es, nunca es clandestina, pues no esconde ni sus objetivos ni sus acciones. Podrá ser considerada, eso sí, ilegal, o alegal, por la mayoría de los gobiernos, pero los okupas dan la cara. Si no fuera así, no podríamos hablar de okupación sino que tendríamos que referirnos a una actividad que siempre ha existido y que suele ser consecuencia de un trasfondo dramático, como es la ocupación de viviendas vacías. En España, por ejemplo, fue un fenómeno que vivió su momento más álgido durante los años 1960 y 70 pues estuvo vinculado a la masiva llegada de población rural a las ciudades. Y hoy en día todavía nos encontramos con personas, incluso familias, que necesitan una vivienda y ocupan casas abandonadas pero ocultando estos hechos a propietarios, ciudadanía y poderes públicos. Solucionan su problema individual pero no lo convierten en un acto reivindicativo, ni se integran en el seno de un movimiento social en aras de cambiar una problemática colectiva. Que la ciudadanía confunda la okupación con la ocupación, es algo habitual y entendible. Pues ambos fenómenos son similares en forma -un espacio en desuso se utiliza sin el consentimiento de su propietario- pero no así en su contenido. Pero las diferencias son claras. Y nuestros gobiernos, que no se pueden amparar detrás de la ignorancia, deberían responder a ambos fenómenos cabalmente. Por una parte, con respecto a la ocupación, garantizando un techo a los que no disponen de recursos económicos suficientes. Y, por otra, en relación a la okupación, entendiendo que no deja de ser un movimiento de tintes políticos, y que, por lo tanto, la respuesta debe de ser también política. Finalmente, quizá, existan personas -nos consta que una minoría- que disponiendo de sobrado dinero como para poder acceder a una vivienda digna se apropien del uso de casas ajenas. En estos casos, obviamente, la Justicia debería tomar cartas en el asunto.
Que para nuestro alcalde los okupas no son santo de su devoción, es un hecho recogido en los medios de comunicación. Pero un nacionalista vasco -por razones obvias que no vamos a explicar aquí- debería ser más respetuoso con los colectivos cuyos ideales actualmente puedan ser ilegales en su materialización y no referirse a ellos como si fueran meros delincuentes.