El último informe publicado por Amnistia Internacional, manifiesta que la libertad de expresión en el estado español se ha restringido de manera desproporcionada. Restricción que tiene que ver con actitudes autoritarias y disposiciones legales que cercan la necesaria libertad de opinión e información en un país alineado con las democracias europeas.
La retahíla de hechos producidos en las últimas semanas han activado las señales de alarma por la merma de un derecho vital, junto al de participación política para garantizar un régimen de libertades democráticas.
La aldea global es especialmente sensible a los ataques a estos pilares que permiten un ejercicio diario de libertades de expresión, manifestación, información y opinión, que de forma tácita o expresa, se están violentando en escalada creciente.
Más allá de la existencia o no de presos políticos y consecuencia artística censurada, más allá de decisiones judiciales penadas con cárcel, el ambiente se enrarece y el espacio de las libertades se achica. Resulta preocupante la actitud dejada y poco activa en la defensa de estas libertades, por parte de los poderes públicos, con un gobierno que practica la política de no querer líos y dejar pudrirse las situaciones en un magnífico ejercicio de tancredismo irresponsable.
Los medios de comunicación, más necesarios que nunca en nuestra sociedad desconcertada y agitada, pueden estar en la recámara de nuevos ataques a la libertad de información, opinión y expresión en una deriva de consecuencias imprevisibles pero en cualquier caso, frustrantes para una sociedad que apenas lleva unas décadas de democracia y libertad.Ya se sabe que se empieza recortando suavemente libertades y se termina cercenándolas sin piedad, que de eso en la historia reciente tenemos probadas muestras de inquisición, censura y obscuridad.
