londres. El Gobierno británico se ha visto obligado a recurrir al príncipe Carlos de Inglaterra para que apruebe al menos una docena de proyectos de ley en virtud de una prerrogativa real, informó ayer el diario The Guardian.
Este rotativo llevó a cabo una investigación acerca de la existencia de una laguna constitucional que confiere al heredero a la Corona británica el derecho de veto en aquellos proyectos que puedan tener un impacto en sus intereses personales.
Desde 2005, ministros de seis carteras diferentes han tenido que buscar el consentimiento del príncipe de Gales a la hora de redactar proyectos de ley relacionados con asuntos como la seguridad vial o con los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.
A diferencia de la sanción que da la reina Isabel II de Inglaterra a los proyectos aprobados, los poderes que del príncipe Carlos se aplican cuando esos pueden interferir en sus propios intereses. En particular, según este rotativo, cuando afectan al Ducado de Cornualles, una zona privada valorada en unos 800 millones de euros que el pasado año le reportó ingresos de 20 millones de euros.
Según el diputado liberaldemócrata Andrew George, "si el príncipe va a vivir como un igual en un Reino Unido moderno, cualquiera que disfrute de una influencia excepcional o de veto debería ejercerlo con completa transparencia". Este diputado señaló que "la mayoría de la gente se sorprenderá al enterarse de que (el príncipe) parece que tiene poderes efectivos de veto sobre el Gobierno".
