Madrid. La Ley Sinde, que está previsto que hoy sea aprobada en el Senado, estará lista a finales de marzo, una vez que sea refrendada también en el Congreso dentro de cuatro semanas, por lo que podría comenzar a aplicarse antes de verano, así lo aseguró ayer a 3 la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. "La ley la tendremos cuando el Congreso la apruebe, quizá a mediados de marzo, y a lo mejor para el verano podemos empezar a aplicar los primeros casos", dijo la ministra tras asistir a un desayuno informativo del grupo Planeta ante el Foro de la Nueva Comunicación.
La titular de Cultura recordó que, una vez sea aprobada la ley en el Congreso, "habrá que desarrollar el reglamento y constituir la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual", el órgano dependente del ministerio encargado de examinar las denuncias sobre los contenidos ilegalmente colgados en páginas web.
La ministra de Cultura, Áagradeció ayer al Grupo Parlamentario Popular del Senado su apoyo a la ley antidescargas y contribuirá a que internet "sea un poco más libre y los derechos de todos más respetados". La ministra concluyó así su respuesta al senador del PP José María Chiquillo, quien en la sesión de control, víspera de que el pleno de esta cámara apruebe la ley Sinde, pactada entre Gobierno, PP y CiU, la ha criticado por calificar de "hastiados" e "insatisfechos" a los jóvenes españoles en un artículo publicado el pasado enero.
El pasado miércoles la Ley Sinde superó su primer obstáculo en el Senado tras ser admitida en el Comisión de Economía para su debate en el Pleno de hoy, si bien tanto el portavoz del Grupo Mixto, Pere Sampol, perteneciente al Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista, como el portavoz del grupo Senadores Nacionalistas, Xosé Manuel Pérez Bouza, del BNG, manifestaron que emitirían voto particular.
a vueltas con la norma Hoy el pleno del Senado debate la Ley Sinde, presentada en forma de enmienda conjunta pactada entre PSOE, PP y CiU e incluida en la Ley de Economía Sostenible como disposición final segunda. Una disposición que fue rechazada en el Congreso el 21 de diciembre y que, gracias al acuerdo, ha vuelto al trámite parlamentario con algunas modificaciones, pues la nueva normativa refuerza las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web.
En la nueva redacción, el juez interviene desde el primer momento del proceso que podría extenderse al menos diez días antes del cierre de una web. La enmienda recoge la creación de una Comisión de la Propiedad Intelecual, que en una primera sección ejercerá funciones de mediación y arbitraje, y en su segunda, examinará las denuncias sobre páginas web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor. También se añade que todo requerimiento de cierre de una web "exigirá la previa autorización judicial", que deberá ser aceptada o rechazada por el Juzgado en un plazo de 24 horas y previa audiencia del Ministerio Fiscal. Una vez obtenida la autorización, las páginas web "estarán obligadas a facilitar los datos para llevar a cabo la identificación".
La Comisión de Propiedad Intelectual podrá bloquear la web o retirar los contenidos, pero antes de ejecutar esta medida, tendrá que solicitar a la web que "en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores" o realizar las alegaciones que considere oportunas. En cualquier caso, la ejecución de cierre de la web exigirá de la previa autorización judicial.
