El PSOE, PP y CiU llegan a un acuerdo para sacar adelante la "Ley Sinde"

Los tres grupos han pactado una enmienda en el Senado sobre la conocida ley antidescargas que, entre otras cuestiones, contempla la necesidad de una autorización judicial previa al cierre de páginas web o retirada de contenidos, para lo cual se fija un plazo de 24 horas. Los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo tendrán la potestad de interrumpir la prestación de servicios o retirar contenidos que vulneren la propiedad intelectual y deberá dictar una resolución, a petición de los órganos competentes, previa audiencia del Ministerio Fiscal, en un plazo de 24 horas siguientes a la petición.

Además, contempla la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, que, compuesta por dos secciones, desempeñará funciones de arbitraje y mediación -en el caso de la sección primera- y será la encargada de requerir al juzgado la intervención en caso de conflicto -en el de la sección segunda-. "En el plazo improrrogable de dos días siguientes a la recepción de la notificación de la resolución de la Comisión y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante a una audiencia, en la que, de manera contradictoria, el juzgado oirá a todos los personados y resolverá en el plazo improrrogable de dos días mediante auto. La decisión que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida", se explica en la enmienda.

Ánimo de lucro La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual será la encargada de adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio o se retire el mismo cuando vulnere derechos de propiedad intelectual "siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial". No obstante, antes de proceder a adoptar estas medidas lo comunicará previamente para instar a la retirada o suspensión del mismo de manera voluntaria en el plazo de 48 horas "o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime oportunas". En todo caso, la ejecución de las medidas sancionadoras requerirá una autorización judicial previa. "Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La comisión en el plazo máximo de tres días dictará resolución. La retirada voluntaria de los contenidos pondrá fin al procedimiento".

Por su parte, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá las funciones de árbitro y mediador en caso de conflicto colaborando en las negociaciones y presentando propuestas a las partes, así como proponiendo soluciones y fijando cantidades sustitutorias de tarifas.

La ministra Sinde La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde aseguró ayer que la enmienda en torno a la Ley Sinde pactada con PP y CiU en el Senado "sobre todo refuerza las garantías" de derechos fundamentales "que ya existían", al tiempo que ha expresado el compromiso del Gobierno a modificar el canon digital ajustándolo a las sentencias europeas. A su juicio, el consenso alcanzado con el PP "hace que se garanticen y refuercen los derechos como el de la intimidad y el de libertad de expresión". Y también agregó que "los cambios al procedimiento mixto y judicial amplían esas garantías pero no alteran el procedimiento que había propuesto inicialmente el Gobierno", ya que "será un juez quien deba autorizar o no el bloqueo de un contenido concreto que haya recibido una denuncia, y no se actuará sin denuncia previa". "Hay todo un procedimiento que garantiza que tanto en el momento de identificación del titular de la página como en todos los demás, pueda tener posibilidad de hacer alegaciones y retirar el contenido. Se garantiza todo el procedimiento de defensa de quien reciba esa notificación respecto a un contenido que vulnere la propiedad intelectual", explicó.

Asimismo, indicó que han buscado un procedimiento que tenga un plazo de ejecución "lo más breve posible, pues en Internet los datos se multiplican muy rápidamente y los tiempos son distintos a los de otros procedimientos".