La efervescencia política que generó la implantación de la democracia ha ido evolucionando hacia actitudes de desconfianza y desapego. El estupor ante las corruptelas, la percepción de que los partidos persiguen intereses propios y el hastío provocado por la estéril confrontación política conducen a la pérdida de credibilidad en la política, cuestionan la democracia e incrementan el peligro de “caudillismos”. Al margen de la mayor o menor limpieza con la que se desenvuelva la política, existen dos razones de fondo que es preciso tener en cuenta: la errónea atribución de toda la responsabilidad a la política y las limitaciones estructurales que condicionan su capacidad operativa.
De los tiempos en los que la política lo controlaba todo procede la idea de que a ella le corresponde atender las necesidades sociales, mientras la ciudadanía se limita a reivindicar soluciones. Se trata de un concepto paternalista trasnochado, en el que el “amo” posee el poder y vela por sus “súbditos”. Ni la política controla la vida social ni la ciudadanía está desvalida y necesitada de tutela. Ha llegado el momento de suprimir paternalismos y de que cada parte asuma su cuota de responsabilidad.
Al mismo tiempo, la política está sujeta a condicionantes que limitan su capacidad operativa: tiene un marcado sesgo ideológico; diferencia y segmenta al electorado; antepone el objetivo de obtener mayorías; la temporalidad de sus mandatos le impide proyectarse más allá de la legislatura; su vulnerabilidad ante las crisis dificulta la asunción de cambios estructurales, y su ámbito de poder se circunscribe al espacio público.
Con estos condicionantes, la política se enfrenta a serias limitaciones para “liderar” el país. Su marcado carácter ideológico la aleja del ámbito comunitario, que se mueve en el terreno de las necesidades, y del ámbito económico, que lo hace en el de la creatividad y competitividad. “Las necesidades unen y las ideas separan”, señalaba Arizmendiarrieta. La política segmenta a la población, mientras que la comunidad la une sin distinciones y la economía persigue el bienestar económico común. Los tres ámbitos, cada uno con sus especificidades, se necesitan y complementan.
La política posee legitimidad democrática, pero no está en condiciones de asumir por sí sola el liderazgo del país; no se le puede exigir que actúe como un “hombre orquesta”, en solitario y sin contar con las fuerzas económicas y comunitarias. Su misión debe asemejarse más a la de un “director de orquesta”, que establece la partitura, impulsa, modera y equilibra la calidad de los intérpretes para ejecutar, entre todos, la melodía deseada. A la política le corresponde, además de gobernar el ámbito público, liderar al conjunto de las fuerzas del país, pero para ello debe modificar sus pautas de comportamiento y transformar las formas de gobernar.
Cuenta con el poderoso instrumento de las administraciones públicas, que puede ser utilizado de formas alternativas: para gobernar el país desde una visión paternalista, o bien para liderar al conjunto de las instituciones movilizando fuerzas sociales y económicas y ejerciendo una tutela subsidiaria basada en la corresponsabilidad. En este segundo caso, la política alienta la movilización económica y social y actúa en la retaguardia, preparando infraestructuras y reforzando las entidades de cobertura para que sirvan de apoyo y soporte a las fuerzas creativas. Se trata de asumir el liderazgo movilizando al conjunto de la sociedad.
Este nuevo enfoque requiere la generación de un “sistema de gobernanza” que abarque al conjunto de las entidades del país; que implique el apoyo de las administraciones públicas a los esfuerzos comunitarios y empresariales; que profundice en la democratización de los tres ámbitos; que establezca plataformas de convergencia estratégica; que propicie redes de cooperación entre las partes y que movilice al conjunto de la sociedad. Se trata de que cada parte asuma su propia responsabilidad y de que la política, además de gestionar el espacio público, lidere al conjunto.
Se trata, en definitiva, de dar un salto cualitativo que enriquezca el cometido de la política, supere sus limitaciones estructurales y amplíe el marco del debate, pasando de la trifulca entre partidos a la confrontación de proyectos e ideas de futuro, contando con las fuerzas económicas y sociales.
