En esta trabajosa investidura, además de los acontecimientos más destacados, nos estamos encontrando con otros de naturaleza grotesca.
Vemos que el intento de toma de las calles por el Partido Popular y Vox ha sido canibalizado por la extrema derecha más violenta hasta el punto de que un informe policial afirma que en la concentración ante la sede del PSOE en Madrid se comprobó que jóvenes profesionales de los disturbios, con simbología fascista tomaron la primera línea de la concentración y se enfrentaron violentamente a la policía.
Esto siempre ocurre cuando la derecha toma la calle sin argumentos concretos, puesto que nada se sabe del soporte normativo de la futura legislatura. Al final, la calle la acaban tomando los profesionales del conflicto, en este caso, de extrema derecha, con la excepción de Esperanza Aguirre, que alentaba a la turba a cortar la circulación, posiblemente por su experiencia en incidentes con la policía por problemas relacionados con la seguridad vial.
Resulta desafortunadamente también grotesco el intento del CGPJ de interferir en la configuración de la nueva legislatura o, cuando menos, en la presentación de una proposición de ley de amnistía cuyo contenido se desconoce.
La declaración institucional aprobada con fecha 6 de noviembre rememora la película de ciencia ficción estadounidense Minority Report. En esta película, un departamento de policía especializado, mediante el uso de conocimientos denominados precogs detiene a los que van a ser delincuentes en el futuro de forma preventiva, antes de la comisión de ningún delito.
También el CGPJ se ha adelantado al conocimiento de la futura y eventual proposición de Ley de Amnistía sin conocer su contenido, sin conocer si se va a aprobar. Cuando el artículo 117 de la Constitución proclama que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, está afirmando que la administración de Justicia y también su Órgano de Gobierno están sometidos al imperio de la ley vigente, no a la presunta, imaginada o hipotética. Lo contrario a la proclamación constitucional supone vulnerar el principio de legalidad consagrado por el artículo 9 de la Constitución.
Analizando la resolución aprobada por la mayoría conservadora del CGPJ, por los vocales propuestos por el PP, se vulnera una tradición no escrita del Consejo cual es la de aprobar declaraciones institucionales por unanimidad.
Llama la atención poderosamente en lo aprobado por el Consejo la afirmación de que mayorías parlamentarias coyunturales pueden crear una casta política impune y precarizar el estado de derecho. ¿A qué llaman mayorías coyunturales? No hay ninguna mayoría parlamentaria que no sea coyuntural, las mayorías parlamentarias dimanan de la voluntad popular manifestada en elecciones libres y la democracia se sustenta sobre la alternancia política.
Alternancia en el poder es un concepto propio de la democracia consistente en la posibilidad de permitir, como su nombre indica, una pacífica alternancia en los líderes y partidos políticos que ejercen el poder político. Tal posibilidad es propia de la democracia representativa, que mediante elecciones libres (bien en un sistema bipartidista, bien en un sistema multipartidista; y tanto en los sistemas parlamentarios como en los sistemas presidencialistas), permite que el cambio de gobierno, siguiendo los mecanismos previstos en las leyes, exprese la voluntad general.
Hemos conocido en tiempos pretéritos un parlamento de carácter no coyuntural, las Cortes franquistas, cuyos procuradores eran siempre los mismos y su carácter no era coyuntural sino estructural, permanente e inspirado en las teorías fascistas. Debería explicar el CGPJ qué entiende por mayorías coyunturales y qué les impide aprobar cualquier proyecto o proposición de ley.
Tampoco podemos prescindir de la circunstancia de que este Consejo lleva cinco años con el mandato caducado. El artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece lo siguiente: El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.
Si las Cámaras no han ejercido su potestad para renovar el Consejo no se regenera su carácter de Consejo en funciones, que debería ejercer solo funciones de gestión ordinaria de sus competencias, piénsese que ni siquiera pueden nombrar magistrados que cubran las vacantes de las Salas del Tribunal Supremo. No parece que se encuentren entre estas, declaraciones institucionales perturbadoras de la investidura.
El CGPJ se atribuye un elemento de legitimidad, no el CGPJ sino sus vocales conservadores, más que discutible. Invocan un acuerdo de la Red Europea de Consejos de Justicia que invocaba la necesidad de levantar la voz en los supuestos en los que el estado de derecho estuviera seriamente comprometido. Así se hizo con la reforma polaca del Poder Judicial donde este perdía absolutamente su independencia.
Lo anterior se proclama en un momento particularmente inoportuno, el mismo día que el juez García Castellón imputa a Marta Rovira, Carles Puigdemont y llama como testigo a Arnaldo Otegi en la causa del Tsunami Democràtic. Esta causa, en estado latente desde el año 2019, se activa precisamente el día 6. Algo permite afirmar la existencia de un poder judicial independiente, otras afirmaciones se nos ocurren.
Jurista
