Si todo sigue según el guion previsto, a partir de esta semana sus señorías podrán utilizar el euskera, el catalán o el gallego en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados. En cambio, no parece tan claro que estos idiomas acaben siendo declarados oficiales en la UE, al haber estados como Francia y Suecia que no están por la labor. Como es sabido, ambas medidas forman parte del paquete de concesiones de Sánchez a las distintas formaciones nacionalistas, a cambio del voto favorable de estas a su investidura. Un motivo más para que la derecha política y mediática se ponga en modo barricada, alborotada ante la cercana perspectiva de oír idiomas distintos al castellano en el corazón de las instituciones del reino, o la más hipotética de su oficialización en Europa, convencida de que va en menoscabo de lo que denominan lengua común. Pero eso no es nuevo. Sí lo es la postura socialista que, a la fuerza ahorcan, da ahora luz verde a lo que siempre había contado con su frontal oposición. Quizás no debemos de perder la esperanza de algún día ocurra algo parecido en la Comunidad Foral y veamos atravesar antiguas líneas rojas en este campo. De todas formas, tiene su maldita gracia que en Madrid se vayan a contratar a traductores de euskera mientras que el Gobierno de Navarra se niega a ampliar una plantilla de profesionales del mismo ramo que hace años que se quedó corta. Por lo demás, puestos a fomentar desde el Estado las lenguas cooficiales, hay docenas de medidas sociolingüísticamente más eficaces de las que ni se habla ni se propone nada. Quizás sea momento de recordar que los niños y las niñas de la zona más vascófona de Navarra siguen en este 2023 sin poder ver el canal infantil ETB-3. Y eso también es responsabilidad de quienes gobiernan en Madrid y de quienes les apoyan.
