Durante el siglo XVIII, Prusia era el reino más poderoso en Europa Central, con Berlín como capital. El entonces rey Federico II el Grande era conocido por sus habilidades militares, pero también por su patrocinio de las artes y las ciencias, interés en la justicia y por propugnar que sus súbditos fueran tratados con equidad. Un molinero llamado Hans Krüger poseía un molino en el pueblo de Pommerzig, cerca de la frontera con Polonia, colindante con una parcela en la que el rey había decidido construir un pabellón de caza, el Palacio de Sanssouci. El administrador encargado de la construcción intentó comprar el molino de Krüger para tener más espacio para sus jardines. Sin embargo, Krüger se negó a vender. Frustrado, el administrador recurrió a tácticas que hoy diríamos mafiosas, como sabotear el molino y acosar a la familia Krüger con la esperanza de que este cediera y vendiera su propiedad. El súbdito decidió llevar su caso a los tribunales de Prusia. A pesar de enfrentarse a un oponente poderoso en la corte, confiaba en la justicia. Contra todo pronóstico, el tribunal superior de Berlín falló a favor de Krüger, afirmando su derecho a mantener su propiedad y condenando las acciones del administrador del rey. Se dice que, al enterarse del veredicto, Krüger exclamó aquello de “todavía quedan jueces en Berlín”, refiriéndose a la imparcialidad del sistema judicial, incluso frente al poder real, y al amparo que había obtenido.
El Tribunal Constitucional español no debería existir. Hubiera bastado con establecer una sala especial del Tribunal Supremo para dirimir asuntos de vertiente constitucional, y cimentar una doctrina precisa sobre los casos en los que se puede pedir amparo y en los que no se permita la vía de casación de la jurisdicción ordinaria. Pero se levantó un tinglado que estaba llamado a ser cooptado por políticos y, por ende, condenado a adoptar decisiones políticas, como sabemos desde Rumasa hasta nuestros días. El problema ya no es su virginidad, sino su grado de promiscuidad: hasta qué punto de obscenidad algunos son capaces de llevar a término la pretensión de controlarlo y hacer de él un instrumento al servicio del partido. En la última renovación, el Gobierno nombró como magistrados a Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado con Zapatero, al exministro de Sánchez Juan Carlos Campo, y a la asesora de Bolaños en Moncloa Laura Díez. Sí: las cosas son como parecen. Los tres profesan estricta observancia socialista, más allá de cualquier disimulo pudoroso, y parecen disponer de cuajo suficiente como para no ponerse colorados por nada. Ha comenzado Laura Díez por asumir la ponencia del recurso presentado por el PSOE contra las decisiones de la Junta Electoral Provincial de Madrid, Junta Electoral Central y Tribunal Supremo que daban por definitivo el escrutinio de la circunscripción, el que asignó escaño a Carlos García Adanero en detrimento de un socialista. Si de algo podemos presumir ante otros países es de las garantías y la rapidez del sistema de conteo electoral, aunque la peña de Santos Cerdán haya decidido que había que ponerles ficha a los del Constitucional, porque para eso están y a ver si nos solucionan el asunto. La magistrada Laura Díez encargó inicialmente un informe a una de sus letradas, Gema Díez-Picazo, quien concluyó que no había ninguna violación del derecho fundamental a la participación política. No conforme, Díez solicitó un segundo informe a otro letrado, Fernando de la Peña Pita, quien había trabajado previamente con ella en Moncloa y se acababa de incorporar al puesto, mediante libre designación, cuatro días antes. Este segundo informe, redactado el pasado fin de semana, respaldó lo que quería la magistrada y servirá para que se tome una decisión definitiva en los próximos días. Mientras, salta el estrambote: el Gobierno ha colocado al exportavoz socialista Felipe Sicilia, de profesión policía nacional, en la comisaría del TC, con un plus salarial y, ojo, la capacidad de enterarse de muchas cosas y hacer los marcajes que quiera. Sicilia es representación perfecta de ese socialismo huero de vergüenza y capacidades intelectuales, ambas sustituidas por sectarismo. El PSOE ya tienen hasta su propio madero guardando la puerta del Tribunal. Algunos creerán que mientras el TC sirva a sus interesas políticos, bien está que manden en él quienes mandan. Hasta que se les ocurra quedarse con su molino.
