Se suele decir que los espejos no mienten, aunque si analizamos mínimamente esa afirmación, lo cierto es que deberíamos decir que solo muestran una parte de la verdad. Así, por ejemplo, cuando nos miramos en ellos, vemos nuestras caras, pero nos resulta imposible ver la parte posterior de nuestra cabeza.

Algo similar nos ha ocurrido esta semana en relación con otro Espejo, Arturo, a la vista de la defensa que de él hizo el ministro del Interior cuando le cuestionamos por la idoneidad de su nombramiento como jefe de mando de apoyo de la Guardia Civil, debido a su implicación en el caso de la tortura y muerte de Mikel Zabalza en 1985, y por la revictimización que ello supone para la familia del joven navarro.

Fernando Grande-Marlaska edificó su exaltada y tramposa defensa del nombramiento que él mismo materializó aduciendo que no existe “resolución judicial concreta, con fecha, juez, órgano judicial” que demuestre que Arturo Espejo estuviera imputado por tales hechos. Evidentemente, sin investigación no hay imputación. Bien sabía el ministro que el espejo que ponía ante nosotros no reflejaría la cara más oculta del teniente general sino el trampantojo que conforma su intachable hoja de servicios. Pero cualquier persona dotada del mínimo espíritu crítico democrático, sabe que sus dudosas actuaciones, como las de otros muchos integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado español, nunca han sido debidamente investigadas o, más aún, han sido directamente ocultadas.

Si nos circunscribimos al caso de Mikel Zabalza, la inverosímil versión policial de su supuesta huida fabula que fue llevado a localizar un zulo, un 26 de noviembre a las 5.30 de la mañana –es decir, a oscuras–, y se arrojó al río Bidasoa esposado –sin saber nadar– tras deslizarse por un terraplén de 6 metros de altura –aunque la autopsia no reveló heridas compatibles con esa acción– para huir de un agente de la guardia civil y de dos tenientes, siendo uno de ellos Arturo Espejo.

Esa patraña, en cuya formulación estuvo implicado el ínclito teniente, bien porque participó o bien porque conocía el episodio de torturas con resultado de muerte, no se la cree la comisión vasca de valoración de abusos policiales, cuyos miembros han reconocido de manera unánime a Mikel como víctima de abusos policiales; tampoco el Parlamento de Navarra, que en marzo de 2021 aprobó una declaración institucional, por unanimidad, también con el Partido Socialista, pidiendo que se investigue la grabación entre quienes entonces eran coronel del Cesid, Alberto Perote, y capitán del Instituto Armado, Pedro Gómez Nieto, en la que se apuntalaba la veracidad de la sospecha de que hubiera muerto a consecuencia de torturas sufridas en el cuartel de Intxaurrondo. El senador Imanol Landa trasladó a Grande-Marlaska la necesidad de esclarecer esa información, pero este se escudó en la separación de poderes para no asumir la responsabilidad del Gobierno en promover esta investigación derivando la ‘patata caliente’ a la Fiscalía, a sabiendas de que allí se encargarían oportunamente de enfriarla apelando, según Dolores Delgado, “al criterio de valoración de los profesionales”.

En el pleno del Senado el ministro del Interior negó tener miedo a que el general Espejo pudiera testificar que cargos del PSOE del Gobierno de Felipe González fueron cooperadores necesarios en el encubrimiento de un crimen cometido en plena y modélica transición, como le insinuamos, y se jactó de la transparencia con la que se ha actuado. Si no existe ese miedo, ¿por qué el Gobierno de España no desclasifica los informes relacionados con el asesinato de Mikel Zabalza? Solo así será posible avanzar en un estado democrático de derecho –que estas cuestiones evidencian que sigue en construcción– y sobre todo que las víctimas obtengan la verdad, justicia y reparación que por derecho les corresponde. Niega a los demás el acceso a unos informes que seguro que él sí conoce, y seguro que no se cree la versión oficial de la muerte de Zabalza, como no se la cree nadie con un mínimo espíritu democrático. Hasta el secretario general de los socialistas vascos expresó su “indignación y vergüenza” con este nombramiento que el ministro debería rectificar. ¿Qué enfermedad moral afecta al Ejecutivo central para premiar y ensalzar a un guardia civil implicado en su muerte por torturas?

Cuatro décadas después de que en el cuartel de Intxaurrondo la madre de Mikel recibiera como humillante respuesta ante la búsqueda de su hijo: “Búsquelo en objetos perdidos”; cuatro décadas después de aquel negro episodio, de aquella oscura etapa de la historia de la España democrática, su familia ha vuelto a escuchar otras decepcionantes e indignantes palabras en boca del ministro de Interior. Nadie ha resumido mejor esa sensación que nos ha embargado a todos como la propia hermana de Mikel, Idoia, que ha asegurado que le “había parecido escuchar a Barrionuevo”. Ia berrogei urte eta gero, hau!

“Agua turbia no hace espejo”, dice también el sabio refranero. Y tan turbio es el historial del agente que luce ese apellido como parecen serlo “los principios fundamentales de una democracia que no podemos manchar”, tal y como solicitó Grande-Marlaska. España acumula once condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar casos de torturas y la respuesta del Gobierno, tan diligente para aplicar su relumbrante Ley de Memoria Democrática cuando le conviene, no hace sino echar una palada más de tierra sobre una putrefacta cimentación.

Senadores de EAJ-PNV y Geroa Bai