Entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX los naturalistas y filósofos andaban enzarzados discutiendo sobre el origen de la Tierra. Los llamados vulcanistas sostenían que todo se había originado a través de sucesos catastróficos, como erupciones volcánicas y terremotos; para los denominados neptunistas, el agua y la sedimentación fueron las fuerzas determinantes que configuraron las montañas, los minerales y la tierra a través de un lento proceso geológico.
Comparar la fuerza ciega de la naturaleza con las acciones de las personas es claramente excesivo, pero también ilustrativo y, ya que estamos, si de las causas de la corrupción política hablamos me inclino por el “neptunismo”. Quienes corrompen o se dejan corromper al amparo de su posición en esferas de poder político, grande o pequeño, no lo hacen irrumpiendo de la noche a la mañana, a las bravas, catastróficamente. Comienzan con una actividad plenamente legal y van tejiendo un entramado de relaciones sociales, amistosas, partidarias que culminan en una red clientelar política que posibilita el asalto a los caudales públicos. Se trata de una productividad delictiva para conseguir beneficios y consumo, objetivos legítimos que los corruptos enmascaran como actuaciones empresariales, dándose cobertura a través de empresas mercantiles sin otro objetivo que el saqueo. Con graves consecuencias económicas, pues a gran escala crean endeudamiento y dependencia a largo plazo.
Para gestionar su mala conciencia algunos corruptos suelen apelar a un bien superior: el partido o incluso la nación, sin pararse a pensar que la política y el robo se sustentan en valores contradictorios. A esta conducta de doble moral los psicólogos llaman disonancia cognitiva. El llamado caso De Miguel tiene un poco de todo eso, y si al principio era el verbo, debo decir que no me queda muy claro por qué ha acabado personalizándose en el que fuera diputado foral alavés. Los vulcanistas –por sus siglas políticas EH Bildu y Podemos– opinan que todo nace de la catástrofe, de la “corrupción estructural del PNV”, de tal manera que el PNV anida en su seno –¿quizás desde que accedió a las instituciones?– la semilla del mal.
Reflexionemos un momento sobre eso de “estructural” y del “PNV”. Por estructura se conoce aquel armazón que se fija al suelo y sirve de sustentación a un edificio. ¿Alguien cree seriamente que la corrupción es el esqueleto en el que se sustenta el PNV? De ser tan evidente se comprobaría con facilidad y la sentencia del caso De Miguel ha dejado bien claro que el PNV no intervino como tal en los hechos delictivos. Y como enseña la jurisprudencia, lo que no está en el sumario no está en el mundo.
NO ES ESTRUCTURAL
Caso Miñano sería una denominación más ajustada, aunque incompleta porque la actividad de los condenados se desarrolló también en otros lugares y circunstancias. Actividad, según la sentencia, de grado muy desigual siendo sin embargo las condenas muy similares. Tal cosa no habría ocurrido de haberse legislado en su momento unos tipos penales más afinados para los delitos de prevaricación y malversación cuando no existe interés egoísta por parte del autor. Los llamaríamos “de segundo grado” y estoy pensando en el condenado Xabier Sánchez Robles, cuya pena habría resultado muy inferior a la impuesta.
No trato de esquivar el hecho de que son en este momento varios los procedimientos judiciales abiertos contra ex cargos públicos del PNV y algunas condenas en firme como las del caso De Miguel. ¿A partir de cuántas y de qué cuantía podríamos hablar de corrupción estructural? Los alrededor de 350.000 euros que el Tribunal acredita haber sido el resultado económico del delito pueden parecer de poca entidad en comparación con las astronómicas cantidades de los ERE de la Junta de Andalucía o las imputadas a dirigentes del PP. No establezco comparaciones odiosas, tan solo ofrezco la información al lector tal vez despistado ante el aluvión informativo que no ha hecho hincapié en este dato. Me bastaría un solo caso en el que quedase acreditado que el PNV como organización hubiese delinquido. Con la reforma del Código Penal, artículo 31 bis 1 de la Ley Orgánica 1/2015, una persona jurídica, un partido político lo es, puede delinquir si sus representantes legales cometiesen delitos en su nombre o por cuenta de la misma y en su beneficio directo o indirecto. Al PNV no se le condenó, de hecho ni se le acusó, ni en el caso Miñano, ni en ningún otro. Por lo tanto, es falso de toda falsedad que la corrupción del PNV sea estructural, mal que le pese a los vulcanistas.
Pero una cosa es el Código Penal y otra distinta es la calle. La calle arguye, discute y porfía, en ella nacen los estados de opinión que enaltecen o destruyen, es decir, sentencian a la manera popular. Su método es más sensorial que racional y muchas veces convulso, es el tantas veces repetido “algo habrá” aunque ese algo sean noticias de prensa sin contrastar, actuaciones individuales ajenas a la institución concernida, delitos de los cuales el partido político o sus dirigentes no sabían o no hicieron el esfuerzo debido por saber. Es una intervención neptunista, van fluyendo manantiales, aquí y allá, que encharcan y erosionan, y si no se atajan acaban convirtiendo el terreno en un barrizal. La calle se comporta como una Penélope que teje su tapiz durante el día y lo desteje durante la noche. Sin un Ulises a la vista, esperanza de un futuro distinto, sin un PNV dispuesto a controlar eficazmente los desmanes de aquellos militantes dispuestos a volver a hacer lo que ya se hizo, a meter la cuchara en contratos, servicios y facturaciones, los hasta ahora hilos de agua se pueden convertir en inundación desbordada, aguadutxus que decimos en Mungia. Haría mal el PNV si albergara la esperanza de que el paso del tiempo borre las huellas de los delitos cometidos por militantes infidentes, pues: “Lo que ha acontecido volverá a acontecer; lo que ya se hizo, se volverá a hacer” (Eclesiastés 1:9).
La ertzaintza
No me gustaría que concluyeran que la corrupción política es una fatalidad en Euskadi, no lo es por su escasa entidad y por estar delimitada a personas concretas y núcleos reducidos, como he descrito. Pero lo relativamente escaso de nuestra población, el denso entramado económico y social y el egoísmo imperante son factores facilitadores. Aunque todo tiene su ventaja, en nuestro caso es que todos nos conocemos y entre ese todos está la Ertzaintza. Echo en falta una sección especializada para la investigación de delitos económicos cometidos con motivo de actuaciones políticas, institucionales y conexas adscrita a la Unidad Central de Investigación de la Policía Vasca. Se trataría de adaptar a nuestra sociedad experiencias exitosas de Alemania, donde en cada estado federado existe una policía (Landeskriminalamt) dotada de unidades especializadas en corrupción “de funcionarios o empleados públicos y quienes presten servicios al Estado”. Algo parecido se ha desarrollado en el Reino Unido y en el Japón, donde la policía, tras una exhaustiva y minuciosa investigación en la que separa el grano de la paja, la falsedad con motivo de ajuste de cuentas o intereses torticeros, lleva ante los tribunales un 24% de los casos denunciados, obteniendo un sobresaliente 97% de condenas.
No deberíamos olvidar una circunstancia que obstaculiza las investigaciones: el temor de los denunciantes a las consecuencias de informar de los hechos a la policía. En el caso Miñano la denunciante, la abogada Ainhoa Alberdi, relató ante el Tribunal, como antes ante la Fiscalía, que un representante político –que no quiso identificar, lo que devalúa en parte su testimonio– le advirtió que de mantener su denuncia “durante muchos años mejor no hiciérais el trabajo de presentaros a concursos públicos”. De ser así, se trataría de una autoridad invisible que condena por una falta sin nombre a un ineludible castigo, una especie de muerte administrativa en materia de contratación pública a una persona que se dedica profesionalmente a ello. Y así y todo, persistió en su denuncia sin recibir un mínimo reconocimiento público, partidario o institucional, por lo que yo personalmente le doy las gracias.
