Al decir que el Congreso de las y los Diputados se está convirtiendo en una tasca de mala muerte, Aitor Esteban ilustra bien lo que está ocurriendo en Madrid. La campaña indecente y peligrosa de la ultraderecha y de parte del Partido Popular contra Irene Montero se ha trasladado a la institución que dicen representa a la soberanía popular, con el objetivo de desprestigiarla desde adentro, en una estrategia de derribo de sus pilares para desacreditar la democracia. Aquí no hay sólo una estrategia contra el feminismo, que también. La ultraderecha y parte de la derecha quieren hacer del Congreso un espacio para el insulto y los ataques personales que haga imposible la convivencia política. Es la repuesta, pareciera que desesperada, de quienes ven en muy serio peligro su victoria en las próximas citas electorales de 2023 y 2024 y han optado por violentar la política y las instituciones, al más puro estilo de Donald Trump. Se trata de demonizar no sólo a los adversarios, también a la propia institución.
La técnica es muy conocida. Primero se transforma el Congreso como un lugar para la bronca y la ineficacia política, sustituyendo la palabra por la ofensa, y después se propone a la ciudadanía una gobernanza de orden autoritario, en el que la inteligencia y el diálogo queden borrados por una autoridad que hace la guerra a las libertades. El plan de la derecha y de la ultraderecha, coincide en el objetivo de ganar como sea las elecciones generales de 2024, compartiendo una división funcional: la ultraderecha instala la tensión permanente sin limitaciones dialécticas y la derecha mayoritaria se propone al electorado como la fuerza de la estabilidad y de un orden involucionista. De este modo, el golpe de Estado que ya muy difícilmente puede ser militar, se convierte en un golpe parlamentario caso de que ganaran las elecciones generales. Es la venganza perfecta de los herederos de la dictadura: utilizar el arma antifranquista de los votos para devolver el golpe.
En la jornada del 23 de noviembre, las dos derechas compartieron aplausos cuando la diputada Carla Toscano calumnió de manera soez y humillante a Irene Montero. Fueron momentos en los que la tasca de mala muerte alcanzó su máxima expresión como escenario inaceptable. Toscano demostró ser una persona cruel, sin vestigio de humanidad. Al igual que el diputado Víctor Sánchez que dijo lo siguiente: “Aquí se ha atacado a esta mujer –señalando a la diputada Toscano–, pero no ha llorado –haciendo gestos de burla a Irene Montero–, y no lo ha hecho por su hombría”. Víctor Sánchez dijo una barbaridad machista que da la medida de su analfabetismo en la cuestión de género que arraiga en su odio.
No pasó gran cosa. Las derechas aplaudiendo en plena apología del sinsentido, las izquierdas y el progresismo, abucheando al boca-sucia de Víctor Sánchez. Y ya. La presidenta del Congreso ni respiró. Ese día, a no muchos kilómetros, en Zaragoza, la edil Carmen Herrarte, concejala de Ciudadanos. acusó a Irene Montero de ser ministra por haber sido fecundada por el macho alfa. Debió haber sido expulsada de su cargo, sin paliativos.
¿De dónde nace esta estrategia salvaje? Creo que cuanto más se ponga en evidencia el fraude llamado Feijóo, más se radicalizarán las derechas. El hombre llegó a Madrid con la promesa de moderar el discurso del Partido Popular. Pero pronto se dio cuenta que quien manda es la señora Ayuso. Enseguida vimos a un Feijóo corregido, destinatario de mandatos humillantes enviados por WhatsApp desde la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un Feijóo vacilante, inseguro, incluso desorientado, confundiéndose en las notas que le dan a leer, Incapaz de frenar y mucho menos terminar con la escalada de VOX, cuyos objetivos son mucho más que unos ministerios. La estrategia de la bronca responde a un plan B en previsión de una derrota electoral. En esta estrategia, ETA volverá a ocupar un lugar principal, visto que por el flanco de la economía los datos son favorables al gobierno de coalición.
El día en que la presidenta del hemiciclo Meritxell Batet tomó posesión del cargo, en mayo de 2019, hizo un discurso que se puede resumir en un canto a la palabra. Lo que no dijo es que no admitiría palabras malsonantes, insultos, vejaciones. En lugar de intervenir y cortar las ofensas de la bancada lanzadas desde la ultraderecha, el día 23 de noviembre, dejó que continuaran. La señora Batet debió haber expulsado a Carla Toscano y a Víctor Sánchez, pues libertad de expresión no es igual a verter ofensas y herir la dignidad de la adversaria. Alguien podría decirme que no me preocupe, que esas palabras machistas se retiraran del diario de sesiones. Pero, señora Batet, ¡no se deben retirar! Deben permanecer en el diario para mostrar la realidad sin trucos.
La permisividad de la presidenta Batet, de seguir así, roza el grave riesgo de contribuir de facto a la normalización de un Congreso caótico, inmanejable, polarizado, donde el que más grita e insulta, niega a la otra parte, a la deliberación y a la democracia. ¿Dónde está la autoridad que la Batet mostró en el caso del diputado canario Alberto Rodríguez (de Unidas Podemos), al que expulsó de inmediato? La presidenta faltó a la obligación de proteger el estatuto de diputado, lo que meses más tarde fue corregido por el tribunal supremo que en ningún momento dijo que debía perder su condición por la condena derivada de haber propinado una patada a un policía, en lo que fue una falsa acusación. Se ve que la Batet practica aquello de fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Desde la pasividad no se frena al fascismo y ni siquiera un tumulto en las instituciones.
Vuelvo a la campaña-cacería de Irene Montero. Dirigente de Unidas Podemos, mujer, feminista y ministra, lo tiene todo para ser el centro de ataques fascistas. Sufrió un duro escrache de meses, junto a Pablo Iglesias y sus hijos, sin que ninguna autoridad hiciera algo por evitarlo, y a pesar de estar siempre en el ojo del huracán, desde el Ministerio de Igualdad sigue apoyando al movimiento feminista y sus reivindicaciones. La ley del Sólo el sí es sí es valorada por juristas como Martín Pallín y Pérez Royo como excelente y necesaria, “está bien diseñada”, afirman ambos. Cierto que indican que tiene un déficit importante, al no incluirse una Disposición Transitoria que garantice un modo de aplicación que evite beneficiar a condenados por violación. Si se puede hacer todavía, debe subsanarse semejante ausencia, fruto de una precipitación.
Seamos claros, el asunto que se discute puede encauzarse desde la voluntad de los grupos parlamentarios, pero ocurre que las críticas de las derechas no son más que una excusa para seguir atacando con saña a la señora Montero y al propio Congreso. Esta es la gran verdad. Pero el gran mérito de la ministra Montero es atreverse a poner en marcha la actualización de leyes, promocionando a la vez una alianza parlamentaria para la tramitación de acuerdos. La pelea por la igualdad está en buenas manos. La lucha contra las violencias machistas también. Por lo demás es claro que la ley es objeto de debate, de críticas motivadas o no, de opiniones contrarias, de apoyos y elogios, pero jamás puede ser la excusa para disparar contra la ministra en una cacería inhumana y de paso ofender al feminismo y a las mujeres. La ministra Montero, es una resiliente cuyo afán no es otro que traducir en Ley medidas de protección integral frente a las violencias machistas. Su objetivo es, además, conseguir una igualdad real y efectiva de las personas trans y consolidar los derechos de las personas LGTBI, así como afianzar la salud sexual y reproductiva, y el derecho de la interrupción del embarazo, recabando en este caso la opinión de las y los agentes implicados.
¿Dónde están los pecados de Irene Montero? Justamente en su compromiso por lograr una sociedad más libre y democrática en ámbitos donde las derechas sólo piensan en medidas punitivas.
Politólogo especialista en Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo
