a falta de su publicación en el Diario Oficial de la UE, el Parlamento y el Consejo Europeo han alcanzado el acuerdo sobre la Ley europea de Servicios Digitales. La Ley de Servicios Digitales, (DSA), Digital Services se adapta a los tiempos actuales, puesto que hasta ahora estos se venían regulando a través de la Directiva sobre Comercio Electrónico del año 2000 (antes de que existiese Facebook, Twitter o Amazon tuviera el alcance que tiene ahora), una normativa que ha quedado desfasada y que es necesario actualizar o, en este caso, sustituir por una ley completamente nueva acorde con los tiempos que vivimos. Esta ley para regular el mundo digital será la primera de su tipo en aprobarse en el mundo y, como ya ha ocurrido con el RGPD, es muy probable que sirva de paradigma para otros países que quieran regular el espacio digital. Con esta nueva normativa, la UE quiere poner coto al control que las grandes plataformas y compañías tecnológicas tienen sobre el mercado digital y obligarlas a ser más responsables y transparentes.

Los servicios digitales son todos aquellos que usamos o contratamos a través de Internet: redes sociales, comercios electrónicos, plataformas de streaming, aplicaciones, servicios de mensajería instantánea, medios digitales, servicios de almacenamiento en la nube, de cloudcomputing, consultoría TIC, juego online, etc. La nueva Ley de Servicios Digitales de la UE se basa en una idea fundamental (y muy sencilla); que lo que es ilegal en el mundo físico, también sea ilegal en el mundo digital. Para ello, la ley contiene medidas para, entre otros, frenar la publicación de contenido ilícito, hacer responsables a las plataformas de lo que se publica en ellas y mejorar la moderación, obligarlas a ser más transparentes en cuanto sus algoritmos y a someter a una mayor supervisión a las tecnológicas. Además, dará a los usuarios un mayor control sobre los datos e información que comparten con las plataformas.

La futura Ley de Servicios Digitales de la UE exigirá a las tecnológicas y plataformas digitales una mayor responsabilidad sobre el contenido que se publica en ella, especialmente sobre contenidos ilícitos o que puedan resultar nocivos para los usuarios, así como sobre la desinformación. Se pretende establecer un mecanismo de "aviso y acción" para que las tecnológicas procedan a la retirada sin demora innecesaria de contenidos, servicios o productos ilegales de sus plataformas. Además, se pedirá a las plataformas que sean más diligentes con la eliminación de los mensajes de odio y los contenidos basados en la desinformación, para poder mitigar así riesgos sociales. Para evitar que la ley conduzca a la censura o entorpezca la libertad de expresión, se ha incluido en el texto medidas para garantizar que los avisos sobre estos contenidos no se produzcan de forma arbitraria o discriminatoria y que respeten los derechos fundamentales. Este aspecto de la ley también afectará al comercio electrónico, obligando a las plataformas como Amazon o eBay a verificar la identidad real de los vendedores.

Aunque la futura Ley de Servicios Digitales no obligará a las tecnológicas a desvelar los secretos detrás de sus algoritmos, sí que tendrán la obligación de informar a los usuarios de por qué reciben determinada publicidad o se le recomiende determinado contenido, por ejemplo, en los vídeos recomendados en la página de inicio de YouTube, los productos que nos recomienda Amazon o las series y películas que nos recomienda Netflix. Se trata de que el usuario comprenda con mayor claridad cómo funcionan las recomendaciones y por qué motivos las recibe. La Ley de Servicios Digitales también regulará la recogida de datos online y la limitación de la publicidad personalizada para dar mayor control a los usuarios sobre sus datos. En ese sentido, se prohibirá el uso de datos sensibles, raza, orientación sexual, ideología política, religión..., para segmentar los anuncios. Así mismo, se prohibirá recabar datos de menores de edad para mostrarles publicidad dirigida a ellos. En definitiva, la ley busca limitar la publicidad basada en la vigilancia que empresas como Google o Meta vienen desarrollando desde hace años. La ley establece, además, que las plataformas deberán permitir a los usuarios que puedan usarlas sin ser rastreados mientras lo hacen, es decir, que un usuario pueda usar una red social sin que esta rastree su comportamiento mientras navega por ella o a dónde se dirige después. l