l Tribunal Constitucional germano, Bundesverfassungsgericht, BVG o BVerfG, el órgano constitucional encargado del control de las leyes en la República Federal de Alemania, con sede en Karlsrhue, ha decidido paralizar la ratificación del fondo de recuperación y resiliencia, Next Generation EU, destinado a ayudar a los Estados miembro de la UE ante la crisis provocada por la pandemia. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol, pues, desde hace años la alta magistratura alemana ha venido jugando este papel de contrapeso frente a la Cancillería respecto a las decisiones que representan una vía de solidaridad europea. Su función de control y fiscalización de las leyes de su país, le confiere esta personalidad de especie de Pepito Grillo jurídico que pone palos en la rueda de la construcción europea bajo el amparo de la defensa de los derechos de los ciudadanos alemanes. Si hace menos de un año se atrevió a oponerse al programa de compra de bonos del BCE, en plena pandemia y contra el criterio del Tribunal de Justicia de la UE, ahora suspende cautelarmente la firma del presidente alemán del decreto para la puesta en marcha de ayudas europeas por valor de 750.000 millones de euros.

La decisión del Constitucional alemán señala que el presidente Steinmeier debe abstenerse de firmar la decisión hasta que la corte haya resuelto otro caso contra el plan europeo por parte de una serie de demandantes, entre ellos el expresidente de la formación de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD) que han presentado un recurso de urgencia alegando que el Fondo de Recuperación es contrario a los Tratados. De fondo, lo que está en juego es el vínculo de solidaridad entre los Estados miembros y, por supuesto, con ello el principio existencial de la Unión. Si en las actuales circunstancias económicas, absolutamente excepcionales a causa de la covid-19, no se instrumentan este tipo de ayudas mutualizadas, la UE habrá perdido su razón de ser. Convertir el espacio común europeo en un mercado sustentado únicamente en el deseo de engrosar las cifras de consumidores de productos alemanes, puede resultar un buen negocio para unos pocos, pero es sin duda un trágala inaceptable para el resto.

Incluso en el caso de que finalmente el tribunal de Karlsruhe desestime las demandas, persiste un riesgo nada desdeñable: el retraso en la puesta en marcha del proceso de concesión de ayudas por parte de Bruselas. Los jueces alemanes no han dado plazos sobre su futuro veredicto, pero sus decisiones sobre asuntos similares se prolongaron hasta tres meses. Esto supone que la UE no podrá cumplir su meta de que todos los Estados miembros hayan ratificado el plan para finales de abril. De hecho, el Ejecutivo comunitario no puede acudir a los mercados de deuda hasta que la Decisión de Recursos Propios de la UE haya sido aprobada en los veintisiete parlamentos nacionales. Por el momento, solo ha sido ratificado completamente en Bulgaria, República Checa, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Malta, Portugal y Eslovenia. Nos enfrentamos a dos escenarios: el más favorable, que los jueces alemanes decidan en pocas semanas y que se levante la suspensión; y el peor, una batalla legal de meses o incluso de años. Dado que el único Tribunal competente para analizar si una ley se ajusta a los Tratados es el Tribunal de Justicia de la UE, el Constitucional alemán en buena lógica debería acudir al mismo, enviar una cuestión prejudicial si cree que hay serios problemas. Pero eso llevaría mucho tiempo y comprometería el desembolso de cientos de miles de millones de euros, vitales para la recuperación.

Todo ello coincide con las horas más bajas políticas vividas por la canciller alemana, Angela Merkel. La lideresa de Europa en las dos últimas décadas ya ha anunciado su retirada tras las elecciones generales alemanas del próximo mes de septiembre. Su sucesión no está clara, ni siquiera dentro de su propio partido, pues, el nuevo presidente de la CDU, Armin Laschet, aún no ha sido elegido candidato a la Cancillería. Esta debilidad de Merkel ha quedado puesta de manifiesto en las últimas semanas en medio de la cuarta ola de la pandemia que asola su país. Tras una maratoniana reunión de su gobierno los con los ejecutivos de los länders, en una locución a las tres de la madrugada, anunciaban el cierre de todo el comercio y hostelería para reducir la incidencia de contagios. Solo veinticuatro horas después, tenía que recular ante la presión de empresarios y trabajadores y anulaba su decisión. Con ella débil y con un creciente clima de inestabilidad política, Europa está en manos de la decisión de un puñado de magistrados que se han acostumbrado a reivindicar su papel a base de postureo. Les compete la legítima defensa del Estado de Derecho alemán, sin duda, pero al menos podemos exigirle celeridad en sus decisiones. La vida de millones de europeos depende ahora de su palabra hecha acto jurídico.